El Gobierno prevé llevar este próximo martes a Consejo de Ministros la aprobación de la subida salarial pendiente para los funcionarios de este 2024. Las nóminas subirán un 2% con efecto retroactivo a 1 de enero de este año, tal como estaba ya pactado con CCOO y UGT. Así se lo han trasladado desde el Ejecutivo a estos sindicatos, que han emitido este viernes un comunicado celebrando la medida. «Aunque tarde, se da un paso más en el cumplimiento del Acuerdo», afirman en el mismo.
Fuentes del Ejecutivo confirman a este medio que la revalorización será remitida el martes a Consejo de Ministros, salvo cambio de última hora, para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrada en vigor. Un total de 3,5 millones de empleados públicos de toda España se verán beneficiados por el incremento.
Por tiempos, el aumento se materializaría en las nóminas de los empleados públicos dependientes del Estado, como pronto, en julio, si bien podría dilatarse a agosto. Y luego cada comunidad autónoma y municipio deberá tramtar y aplicar por su cuenta esa subida del 2%. Los más de 200.000 empleados públicos de la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, deberán esperar a que el Consell Executiu tramite su incremento. Si bien, por ley, deberá aplicarles sí o síese 2%, al igual que el resto del sector público.
Ese incremento del 2% surge del pacto alcanzado entre el Gobierno y dos de las tres centrales más representativas entre los empleados públicos (CCOO y UGT) en octubre del 2022. Csif se desmarcó de dicho acuerdo por «insuficiente».
Según el mismo, los salarios en la función pública debían subir este 2024 un 2% de base, más otro medio punto adicional si «el IPC entre 2022 y 2024 fuera superior a las alzas acumuladas en ese periodo». Habrá que esperar hasta principios del año que viene para certificar si eso se cumple o no y que el Gobierno tramite el aumento, que, no obstante, tendría efectos retroactivos a 1 de enero.
‘Paguilla’ veraniegaEl Gobierno, una vez que el BOE plasme el real decreto con la subida salarial del 2%, deberá abonar tanto esta, como una ‘paguilla’ para compensar la congelación de sueldos desde principios de año. El importe del mismo variará en función de la categoría de cada empleado público.
La falta de unos nuevos Prespuestos Generales del Estado (PGE) para este año demoró la aplicación del incremento comprometido. Inicialmente el Gobierno iba a incluir esta cuestión en una enmienda dentro de una ley que sigue a día de hoy pendiente de debate en el Congreso. Como esa senda se demoraba debido al ‘tourmalet’ electoral que ha supuesto las elecciones gallegas, vascas, catalanas y europeas, finalmente el Ejecutivo ha optado por incluir el aumento en un nuevo real decreto que prevé aprobar este próximo martes 25 de junio.
No está claro que en ese mismo real decreto vaya a incluirse la oferta pública de empleo (OPE) que, en paralelo, ultima el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Escrivá está acabando de perfilar el detalle de plazas con el resto de ministerios y podría llegar al Consejo de Ministros del martes o demorarse una semana más. De momento, la cifra remitida a las centrales supera las 40.000 plazas para sacar a oposición en la Administración General del Estado y las Fuerzas Armadas, entre nuevas y de promoción interna.
