Las esperanzas de obtener justicia para las personas torturadas durante las cuatro décadas de dictadura franquista en España han sufrido un importante revés después de que un juez de Madrid archivara una investigación histórica sobre un adolescente torturado por la policía tres meses antes de la muerte del dictador.
Julio Pacheco era un estudiante y activista antifranquista de 19 años cuando fue detenido en agosto de 1975 bajo sospecha de estar implicado en el asesinato de un policía. Fue llevado a la tristemente célebre sede de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid, donde agentes de la policía secreta lo torturaron durante siete días antes de ser encarcelado por “terrorismo”.
Pacheco, que ahora tiene 68 años, presentó una demanda contra sus presuntos torturadores el año pasado, con la esperanza de que la ley de memoria democrática recientemente introducida por el gobierno socialista pudiera ayudarlo a encontrar justicia a pesar de una ley de amnistía de 1977 que otorgaba impunidad a quienes cometieron crímenes durante la guerra civil y la dictadura posterior.
La ley de memoria democrática, aprobada en octubre de 2022, pretende aportar “justicia, reparación y dignidad” a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, y contiene decenas de medidas destinadas a ayudar a “saldar la deuda de la democracia española con su pasado”.
Entre ellas se encuentran la creación de un censo y un banco nacional de ADN para ayudar a localizar e identificar los restos de las decenas de miles de personas que aún yacen en fosas comunes, la prohibición de grupos que glorifiquen al régimen franquista y una “redefinición” del Valle de los Caídos, la gigantesca basílica y monumento donde Franco yació durante 44 años hasta su exhumación en 2019.
Pacheco se convirtió en la primera persona en testificar ante un juez español que investiga las denuncias de tortura durante la dictadura en septiembre de 2023. Todos los casos anteriores habían sido rechazados debido a la ley de amnistía o porque el plazo de prescripción de esos delitos había expirado.
Pero el martes se supo que el juez a cargo del caso había archivado la investigación debido a que el plazo para presentar cargos penales había expirado y porque el tribunal constitucional había dictaminado que algunos de los delitos estaban fuera del alcance de la ley de memoria democrática.
Pacheco dijo que había apelado contra la decisión “devastadora” y estaba decidido a llevar el caso al tribunal constitucional y, si es necesario, a los tribunales europeos.
“Ha habido mucho movimiento, hemos ido a declarar”, declaró a la AFP. “Había una cierta expectativa de que podríamos llegar a algo. Lo que hemos conseguido es que nos escuchen en un tribunal de justicia. Era la primera vez que ocurría, ¿no?”.
Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos condenaron la decisión del tribunal, diciendo que sirve “para consolidar un modelo de impunidad que es inaceptable en el Estado de derecho y que socava y vulnera, una vez más, los derechos más básicos de las personas que fueron víctimas de los crímenes franquistas”.
Amnistía y la plataforma CEAQUA, que lleva casi 15 años intentando conseguir justicia para las víctimas de franquismo en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, también reiteraron sus llamamientos para que se derogue la ley de amnistía.
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Cientos de miles de personas murieron o desaparecieron durante la guerra civil y la dictadura posterior, pero esos crímenes todavía están contemplados por la ley.
El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias instó en 2013 a España a revocar la ley de amnistía y a hacer más para garantizar justicia para los familiares de los desaparecidos.
“No hay ninguna investigación penal efectiva en curso ni ninguna persona condenada”, afirmaron los expertos. “El Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar que estas iniciativas formen parte de una política estatal integral, coherente y permanente”.
