Las informaciones en torno a la investigación de la UCO sobre la trama Koldo siguen salpicando al Gobierno y al PSOE. Las pesquisas de la Guardia Civil y los tribunales se ha concretado en la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
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A principios del pasado mes de diciembre, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente asumió la investigación penal al exministro y entonces diputado socialista José Luis Ábalos. Se trataba de una causa que había escalado desde la Audiencia Nacional y que ha evolucionado desde un supuesto ‘pelotazo’ en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes a convertirse en el caso de corrupción que ha puesto en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez.
Javier Herrero, el director general de Carreteras imputado en el caso Koldo, maniobró con José Luis Ábalos y con Koldo García para colocar a gente en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con Óscar Puente y ocupar él de nuevo un cargo después de haber sido cesado en octubre de 2022 por la entonces ministra Raquel Sánchez.
El juez Santiago Pedraz ha pedido al instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional que le remita una copia de los archivos extraídos de móviles intervenidos al comisionista Víctor de Aldama y a Koldo García «que tengan relación con todas las actividades relativas a la obtención del título de operadora» de la empresa de hidrocarburos Villafuel. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga el fraude de 182,5 millones en el IVA de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel, ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción en un auto al que ha tenido acceso EFE.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, Koldo García dice que guarda información «esencial» en su móvil que serviría para desmentir esas «acusaciones» de acoso en las que Claudia Montes referiría que el exasesor le pedía cosas obscenas durante el tiempo en el que estuvo en la citada empresa.
Koldo García señala que negarle el móvil «implicaría una flagrante indefensión material (…) cercenando su capacidad de aportar elementos cruciales para la acreditación de su inocencia».
Y subraya que solo teniendo acceso a las conversaciones con Claudia Montes que en él guarda podrá defenderse, «probar el chantaje al que fue sometido» por ella y «acreditar y, en su caso reclamar, el préstamo» de 8.500 euros que asegura que realizó a Claudia Montes.
Koldo García es uno de los principales investigados en un caso que comenzó centrado en adjudicaciones presuntamente irregulares de contratos de mascarillas en pandemia, y que ha escalado al supuesto amaño de contratación de obra pública a cambio de presuntas mordidas.
Está investigado por presunto tráfico de influencias, organización criminal y cohecho junto a José Luis Ábalos, el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán -en prisión preventiva- y el supuesto comisionista, Víctor de Aldama.
El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al juez que le investiga que le devuelva el móvil que se le incautó el 20 de marzo de 2024, al contener información «esencial y directamente relevante» para desarticular «las acusaciones vertidas» por Claudia Montes contra él.
Quien fuese asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado un escrito ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente y también en la Audiencia Nacional, en el que reclama su móvil para defenderse de las «infundadas y extremadamente graves imputaciones de acoso laboral y sexual» que, según dice, Claudia Montes habría vertido contra él en medios de comunicación.
Cerdán solicitó el pasado 20 de junio en el Congreso su indemnización como exdiputado, que ascenderá a alrededor de 19.400 euros brutos por los seis años en los que ha mantenido su escaño.
Lo hizo después de dimitir como secretario de Organización del PSOE y renunciar a su escaño de diputado tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo implicaba en el caso Koldo, por el que ha acabado imputado y en prisión preventiva.
El PP ha registrado dos escritos dirigidos a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en los que pedía paralizar la indemnización solicitada por Cerdán y enviar su declaración de bienes al Tribunal Supremo.
La Mesa del Congreso ha avalado el derecho del exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado Santos Cerdán a cobrar indemnización como exparlamentario tras renunciar a su acta por el caso Koldo, después de que el PP pidiera en dos ocasiones paralizar este pago solicitado por el exsecretario de Organización socialista.
En un informe de los letrados, que ha visto este martes la Mesa del Congreso, los servicios jurídicos de la Cámara Baja señalan que no hay posibilidad de privar de esta indemnización a los diputados que la solicitan tras su baja si cumplen con los requisitos contemplados en el reglamento, como aseguran que ocurre en el caso de Cerdán.
En este sentido, subrayan que la percepción de una indemnización como exdiputado se genera automáticamente, siempre y cuando no haya ningún motivo administrativo excluyente, ya que es un derecho del parlamentario y no una «concesión graciable».
Les une no solo haber sido señaladas en la confesión de un arrepentido, o que las analice un informe de la UCO… también tienen en común la caída en sus cuentas de resultados. En los tres casos, tras salir del ministerio de Transportes -sin explicación oficial entonces- sus supuestos valedores: el ministro José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García Izaguirre.
Los pasados viernes 4 y lunes 7, dirigentes de firmas aparentemente inconexas de Navarra, Valencia y Madrid atravesaban el mismo umbral del Tribunal Supremo para declarar ante el juez Leopoldo Puente. Ha sido el último capítulo en la investigación de las mordidas por obra pública para la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.
La instrucción se centra ahora en el flanco de los supuestos corruptores, y las tres firmas consideradas –se investiga además a un ex alto ejecutivo de Acciona- muestran patrones similares en las cuentas de resultados declaradas: se fueron Koldo y Ábalos, y llegaron las vacas flacas.
La situación judicial de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera se complica día a día. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concreta en un informe los indicios recabados contra ella por el presunto amaño de adjudicaciones de la trama a la que primero dio nombre Koldo García y luego, Santos Cerdán. Entre ellos figura que el que era asesor del entonces ministro José Luis Ábalos marcaba a la que luego sería secretaria de Estado con fosforito de distinta intensidad, «para disimular», las obras a las que se tenía que adjudicar o no determinada infraestructura.
El diputado José Vicente Marí Bosó y el senador Miquel Jerez, ambos del PP, han asegurado que Francina Armengol «no ha contado todo lo que sabe» durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo y la han acusado de haber sido «actriz principal» en la trama de las mascarillas.
En un comunicado, los políticos han considerado un hecho «grave» que la expresidenta del Govern balear admitiera haber cambiado de teléfono y no conservar los mensajes con el exasesor Koldo García.
«Cambiar de móvil y no guardar esos mensajes es una estrategia de ocultación», según los parlamentarios populares.
