La Dirección General de Tráfico (DGT), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, reparte el contrato de mantenimiento de las carreteras locales de Aragón, Cataluña, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana. De esta forma, se desencalla una licitación que llevaba publicada desde el verano pasado y que tiene una duración de 36 meses, con una posible prórroga de 24 meses. El contrato, por valor total de 125 millones, está repartido en 8 lotes que se han adjudicado 11 compañías, varias de ellas participando en consorcios. Es el caso, por ejemplo de Serveo, firma que este julio Ferrovial terminó de vender su de participación al fondo Portobello, que en 2022 ya le compró el 75% por 220 millones de euros. De esta manera, la antigua unidad de servicios de la compañía dirigida por Rafael del Pino se hace junto a Roma Infraestructures con el lote 1, perteneciente a una de la primera de las dos demarcaciones en las que está dividida Aragón, con un contrato con un valor estimado superior a los 24 millones de euros.
Para la segunda demarcación de Aragón, hay otras constructoras conocidas como Benito Arnó e Hijos, en cuya sede, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra realizaron un registro el pasado abril por una investigación relacionada con una pieza del caso del 3%, instruido por el juez Pedraz. Junto a esta compañía, ha sido adjudicataria de un contrato valorado en más de 11 millones Vialex, encargada también de realizar la obra vial de acceso al hospital de Alcañiz.
Como Aragón, las carreteras de Cataluña han sido divididas en dos lotes. La primera demarcación, con una licitación valorada en casi 17 millones ha sido adjudicada a Agustí y Masoliver, encargada de renovar un carril bus en la Ciudad Condal. Por su parte, la segunda demarcación de Cataluña, un contrato con un valor de 22,5 millones de euros, se ha concedido a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por el grupo Sorigue, encargado del mantenimiento de 350 edificios municipales de Barcelona, y Arno Infraestructuras, compañía que se encarga de construir la gran pasarela que conectará el centro comercial Baricentro con la trama urbana de Barberà del Vallès (Barcelona).
En cuanto al lote 5, de Murcia, un contrato con un valor estimado superior a 10 millones, el adjudicatario ha sido para Serrano Aznar, constructora que se encarga de desarrollar carriles bicis en la capital murciana. El mantenimiento de las carreteras de La Rioja, por casi cinco millones, ha sido repartido entre las compañías Ismael Andrés y Lantania, compañía se ha adjudicado por 77 millones de euros la construcción de una planta de tratamiento para secar fangos procedentes de varias depuradoras en una mega urbe de Arabia Saudí.
Por su parte, los lotes 7 y 8 corresponden a la Comunidad Valenciana. Por un lado, Pavasal, firma perteneciente a Compañía Administradora de Recursos y Obligaciones (Caro) que se consolida en la segunda posición del ránking de constructoras de su autonomía con una facturación de 333 millones en 2022, se ha hecho con un contrato valorado en casi diez millones de euros. Por otro, Becsa, empresa que pujó por el ‘megacontrato’ de 344 millones para soterrar la A-5 en Madrid, se hace con el contrato de mayor importe de la licitación, con un valor estimado de 25,5 millones.
Según la documentación consultada en el Portal de Contratación del Estado, el objeto de esta licitación es mejorar las características superficiales y estructurales de los firmes de la Red de Carreteras del Estado en las mencionadas demarcaciones, aumentando la seguridad vial y mejorando la comodidad de circulación. Las operaciones incluyen fresado y reposición, microaglomerado, refuerzos, reparación de blandones y baches, reciclado y sellado, con el correspondiente repintado de marcas viales e impermeabilización de estructuras.
Contratos paralizadosEl pasado mes de noviembre, Transportes se enfrentó a serias dificultades para ejecutar una de las últimas inversiones anunciadas por el Consejo de Ministros antes del final de la anterior legislatura: destinar 414 millones de euros para mejorar el firme de 1.515 kilómetros de carreteras convencionales. En concreto, esta inversión estaba previsto que se estructurase en tres contratos de servicios diferentes, dependiendo la zona geográfica. Y cada uno corrió suertes diferentes.
Más allá del ya resuelto y adjudicado, el que correspondía a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura aplicó una revisión de precios por la inflación, mientras que la licitación abierta para Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid fue suspendida. La inversión anunciada el pasado 11 de julio, que aplicaba a 1.515 kilómetros en todo el territorio, se trataba de una novedad porque, en vez de realizar una obra tradicional, se apuesta por un servicio para mejorar la durabilidad de la infraestructura viaria y la comodidad de los usuarios. No obstante, los contratos ya se encuentran en una fase avanzada de la licitación a la espera de que la Administración los resuelva y adjudique a las constructoras que mejores ofertas presenten.