Sumar se prepara para la que puede ser su mayor derrota parlamentaria de la legislatura y trata de salvar a Yolanda Díaz del posible desgaste. Su medida estrella, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, afronta este miércoles su examen decisivo en el Congreso. Ahí se votan los tres vetos presentados por PP, Vox y Junts que, de salir adelante, harían descarrilar la norma de la ministra de Trabajo. Y a día de hoy la dirigente sigue sin tener los apoyos garantizados por el rechazo de Junts.
En las filas de Díaz empiezan a asumir el fracaso de la norma e intentan eximir a la vicepresidenta de responsabilidad ante un eventual fiasco parlamentario. En las últimas horas, en el partido buscan desvincular el ‘no’ de Carles Puigdemont de la negociación del ministerio de Díaz, al considerar que un eventual rechazo no respondería tanto a aspectos técnicos del proyecto de ley, sino más a asuntos «políticos» que se escapan de las competencias de Trabajo, en referencia a las «carteras pendientes», los asuntos pactados por el ala socialista que aún están pendientes de cumplir.
Junts ha estado meses justificando su oposición asegurando que la norma penalizaba al pequeño y mediano empresario catalán, recogiendo en buena medida las exigencias de PIMEC, la patronal de pymes de Catalunya. Una serie de peticiones como el paquete de ayudas a empresarios o la adaptación temporal para estas empresas que, apuntan los de Díaz, se habían recogido a lo largo de las negociaciones. Y pese a esto, concluyen, las posiciones no han cambiado. La sensación que trasladan en Sumar es que el resultado final se escapa de sus competencias. En las últimas horas los contactos continúan entre ambas partes para intentar desencallar la votación.
En el entorno de la ministra de Trabajo hay quien atribuye el rechazo de Junts a una estrategia contra el Gobierno. Estas voces creen que el debate se ha visto contaminado por el malestar del partido independentista ante la falta de avances en cuestiones como la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, el traspaso de competencias en materia de inmigración o la aplicación de la ley de amnistía al expresident fugado. Unas cuestiones que no dependen del ala minoritaria del Gobierno pero que sin embargo, creen, han condicionado las negociaciones.
La semana pasada Junts abordó en su cumbre en Waterloo una amenaza de ruptura con el Ejecutivo de Sánchez, después de que su secretario general, Jordi Turull, advirtiera en agosto que debía tomar una decisión «estructural» ante la falta de «resultados» en los acuerdos firmados. La decisión no se tomó finalmente en aquella reunión, que se produjo horas después de la visita de Salvador Illa a Puigdemont, pero el debate continúa en el seno posconvergente y se pospone hasta otoño.
El ambiente enrarecido, creen, dificulta el ambiente y convierte la aprobación en algo «muy difícil». Aunque, admiten, el hecho de que Junts no haya dado portado definitivo al Gobierno hace que no se cierre completamente la puerta a un cambio de postura que permita el debate parlamentario de la reducción de jornada.
«Yo no pierdo»»Yo no sé si va a salir o no», admitió este mismo lunes Yolanda Díaz en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde se esforzó en sacudirse la derrota: «Yo no pierdo, la que pierde es la clase trabajadora», argumentó. La vicepresidenta segunda del Gobierno, que en verano ya pidió en sus filas rebajar las críticas hacia Junts, evitó cualquier mención hacia el partido de Carles Puigdemont, para responsabilizar en exclusiva al PP, al que acusó de «abofetear a los trabajadores en la cara».
La votación que se celebra este miércoles, donde se da luz verde a los vetos -en forma de enmiendas a la totalidad- presentados por Junts, PP y Vox estaban inicialmente previstas para el pasado 22 de julio. Unos días antes de esta fecha, y ante la falta de apoyos, el Ministerio de Trabajo aplazó este examen para dar más tiempo a la negociación. El argumento oficial fue que no querían mezclar el debate sobre la reforma laboral sobre el castigo político que pudieran propinar los socios al Gobierno por el caso Santos Cerdán.
En esta ocasión, desde el Ministerio de Trabajo confiaban en contar con algunas semanas más para tratar de persuadir al expresident catalán, pero lo cierto es que el debate se precipitó a esta semana por un revés sufrido la semana pasada en la mayoría parlamentaria, cuando el grupo mixto pasó a estar representado por Unión del Pueblo Navarro (UPN), que se alió con PP y Vox.
Los trámites de la reducción de jornada han sido un camino de espinas para la líder de Sumar en el Gobierno. Después de meses de una mesa con los agentes sociales y sonoros desencuentros con la patronal, la CEOE, Díaz terminó firmando en septiembre del año pasado el acuerdo solo con los sindicatos. Arrancó después el año abriendo un pulso con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que le pedía negociar los apoyos de la norma antes de aprobarla en Consejo de Ministros, pero Díaz se mantuvo firme en aprobar el mismo texto pactado, como finalmente sucedió en abril, tras muchos tiras y aflojas.
Las negociaciones posteriores no han mejorado la situación y el destino de la norma dependerá del resultado del martes. En caso de caer, avanzó Díaz, ya prepara otras medidas alternativas para aumentar el control a las empresas y evitar fraude en las horas extra.
