Las comunidades autónomas se reúnen por fin este lunes (15.00 hora canaria) con el Ministerio de Juventud e Infancia para debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias hacia otras regiones. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se convocó inicialmente para el lunes de la pasada semana, pero se suspendió debido al apagón sufrido en toda España. La propuesta para el acuerdo de Infancia recoge cuestiones claves del mecanismo creado por el Gobierno, que supondrá el traslado de unos 4.400 chicos, la mayor parte desde Canarias, durante el primer año y a partir del verano.
El escenario de la cita será el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aunque el puesto de presidencia del encuentro será para la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en ausencia del titular del despacho principal del inmueble, el ministro canario Ángel Víctor Torres, aún convaleciente de una reciente intervención quirúrgica.
El objetivo de la reunión es sacar adelante un acuerdo alineado con el real decreto ley aprobado hace 48 días por el Gobierno central y convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado 10 de abril. El decreto da poder a la Conferencia Sectorial para introducir cambios si así lo acuerdan las comunidades por unanimidad, algo poco probable, ya que existen una gran oposición de las regiones a esta cuestión, especialmente de las gobernadas por el PP.
Madrid y Aragón ya han recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto y la segunda también ha recurrido ante la Justicia la petición de datos del Ejecutivo a las comunidades autónomas sobre cuántos menores extranjeros no acompañados acoge cada una y hasta la propia convocatoria de la sectorial del lunes.
El mismo texto del real decreto ley especifica que, en el caso de que no haya acuerdo unánime en otro sentido, el Gobierno seguirá adelante con el mecanismo de redistribución según fue aprobado. En otras palabras, la negativa de estas comunidades autónomas no debería servir para impedir el alivio de un Archipiélago sobrecargado.
Este modelo fija por primera vez cuántos menores debe acoger cada comunidad en función de la población de cada región, lo que el texto denomina su «capacidad ordinaria». Hasta este simple paso ya ha dado problemas. Aragón no ha facilitado el número de jóvenes extranjeros no acompañados que acoge y Madrid no aporta lo que se le pide, por lo que el Ejecutivo trabaja con datos propios.
El Gobierno no lleva a la reunión el número de personas que debe recibir cada comunidad autónoma, ya que considera que los criterios de distribución podrían cambiar en la propia sectorial. La propuesta que sí se debatirá establece que cualquier comunidad podrá pedir al Gobierno que declare la situación de contingencia migratoria en su región cuando su ocupación exceda tres veces su capacidad ordinaria.
Declarada esa situación, cualquier menor extranjero no acompañado localizado en este territorio será inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior. A partir de entonces e independientemente de que haya certeza sobre su minoría de edad, se trasladará al joven a otra región en 15 días, según los criterios establecidos, después de que tanto él como la comunidad de destino hayan sido escuchados y se haya dado traslado al Ministerio Fiscal.
El texto refleja los criterios fijados por el Gobierno para elegir el destino de los chicos, que están basados en los acordados con las autonomías en una Sectorial de 2022: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo de acogida (6%), dimensionamiento del sistema (10%), dispersión de la población (2%) y las singularidades de ciudad fronteriza (2%) e insularidad (2%).
La propuesta un último punto, que determina que la capacidad ordinaria de los sistema de protección solo podrá prorrogarse durante un año, mediante real decreto y previo informe de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
