Ni el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ni el de Hungría, Viktor Orban, aceptan el acuerdo sobre el reparto de refugiados cerrado a principios de mes por los ministros de interior de la Unión Europea, que supondrá la reubicación obligatoria de 30.000 personas al año, y han aprovechado la cumbre que se celebra este jueves y viernes en Bruselas para mostrar su oposición más absoluta ante una decisión que insisten deben adoptar los Jefes de Estado y de Gobierno por consenso y no los ministros por mayoría cualificada. “Tenemos un plan alternativo, un plan de fronteras europeas seguras”, ha reivindicado el mandatario polaco a su llegada al Consejo Europeo pidiendo la reforma de la agencia Frontex.
“Propondré un plan llamado ‘La Europa de las fronteras seguras’. La Europa de las fronteras seguras es no a la inmigración ilegal, no a la imposición de sanciones económicas -el acuerdo migratorio incluye el pago de 20.000 euros por cada refugiado no acogido-, no a la renuncia a la regla de la unanimidad. Y es sí a la soberanía, sí a la seguridad, sí a la seguridad de las fronteras polacas, de las calles polacas, de las ciudades y pueblos polacos, pero también se lo deseamos a todos nuestros amigos europeos”, ha explicado el ultraconservador polaco sobre un polémico reparto de refugiados acordado a principios de mes por mayoría cualificada y la única oposición de Hungría y Polonia que se niegan a acoger de forma “forzada” a refugiados.
Se trata de uno de los temas que más han dividido a los Veintisiete desde la crisis migratoria de 2015 aunque cerrado a priori a principios de mes para satisfacción del grueso de capitales, desde Berlín a Roma. El siguiente paso, a juicio de algunos dirigentes europeos, debe ser ahora formalizar acuerdos de partenariado con terceros países. “La presidenta de la Comisión habla de la necesidad de pensar con otros esquemas en cuanto a la cooperación con terceros países y vías para evitar morir en el mediterráneo. Así que tenemos que repensar nuestra cooperación con países terceros cuando hablamos de la posibilidad de (establecer) procedimientos de asilo en países terceros seguros”, ha defendido el canciller austriaco Karl Nehammer que en febrero pasado en una carta dirigida a la Comisión Europea por una decena de países pidió la financiación de vallas con fondos europeos.
Acuerdo con Túnez Se trata de una línea de trabajo, la de reforzar la cooperación con terceros países, secundada por todos los gobiernos europeos que ven en el acuerdo de partenariado que negocia la UE con Túnez una vía para reforzar la gestión fronteriza, las operaciones de búsqueda y rescate y la lucha contra las mafias y una forma de atraer inmigración de form legal porque “necesitamos trabajadores con distintas capacidades”, ha dicho el canciller alemán, Olaf Scholz. El borrador de conclusiones considera que este tipo de acuerdos son «mutuamente beneficiosos» porque ayudarán al desarrollo económico del país, impulsar las inversiones, el comercio y la transición energética y apuesta por desarrollar pactos similares con otros países de la región.
Más divergencias genera la nueva partida de 12.000 millones de euros propuesta por la Comisión Europea para la inmigración dentro de la revisión del marco presupuestario europeo para 2024-2027. Para países como Italia es “un buen punto de partida” porque para resolver el problema migratorio “necesitamos dinero” no solo para reforzar fronteras sino también para la cooperación con países como Túnez. Otros como Hungría rechazan de plano aumentar el presupuesto -tienen congeladas algunas partidas- y menos para inmigración porque supondría según Orban apoyar la llegada de inmigrantes irregulares.
