La apertura de oficinas ‘antiokupas’ por toda la provincia de Málaga centra el plan del PP para «orientar a los vecinos sobre cómo poner en alquiler sus inmuebles sin correr el riesgo de que sean okupados”. De este modo, los populares endurecen sus políticas de vivienda y abrirán un servicio específico de ‘antiokupación’ en la quincena de ciudades malagueñas de más de 20.000 habitantes en las que gobiernan. Y, al mismo tiempo, la Diputación ofrecerá ese mismo asesoramiento técnico y jurídico a los pueblos más pequeños de la provincia, “dada la dificultad de estos municipios para poner en marcha este tipo de herramientas”.
Así lo anunció la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, al explicar estas medidas junto a la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación, la regidora torremolinense Margarita del Cid. A este respecto, Patricia Navarro puso el foco sobre «los propietarios de buena fe que tienen miedo a poner sus viviendas en alquiler por la inseguridad jurídica generada por el Gobierno en torno a la okupación y la inquiokupación».
Estas oficinas también estarán «al servicio de todos aquellos vecinos que hayan sufrido este problema y que necesiten emprender acciones legales o judiciales para resolverlas», según expuso Patricia Navarro. “Hablamos de un recurso para nuestros ciudadanos y de una herramienta para incentivar el acceso a la vivienda”, precisó.
Este servicio ‘antiokupación’ sería establecido, de inicio, por los ayuntamientos de Marbella, Mijas, Fuengirola, Vélez-Málaga, Estepona, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Antequera, Ronda, Coín, Nerja y Torrox. En todos ellos hay un alcalde ‘popular’, algo que en cambio no sucede en los otros dos municipios malagueños de más de 20.000 habitantes: Cártama y Alhaurín el Grande.
Extensiva a la provinciaNavarro recordó que ayuntamientos como el de la capital malagueña ya disponen de esta iniciativa antiokupación que ahora «se hace extensiva al conjunto de la provincia». «Málaga cuenta con más de 150.000 viviendas vacías, pero tenemos una Ley estatal de Vivienda cargada de ideología y que genera inseguridad entre los propietarios para que ni siquiera se les pase por la imaginación ponerlas en el mercado del alquiler; además, tenemos una Ley Antidesahucios que ha favorecido claramente la okupación en nuestro país”, enfatizó.
La presidenta provincial del PP también denunció «la nefasta gestión del Ejecutivo de Sánchez en materia de vivienda, bien por su mala acción, con leyes malas para el mercado, que han subido precios y reducido la oferta; o bien por omisión, por la ausencia de medidas fiscales que favorezcan la compraventa o el acceso de los más jóvenes a la vivienda y que compensen esas subidas de impuestos de Sánchez y Montero”. “El caso es que en España tenemos la casa sin barrer y sin construir”, agregó a la vez que reprochaba a los socialistas «la falta de compromiso con la construcción de vivienda asequible».
A su vez, la dirigente popular criticó que “el Ministerio de Vivienda, en 2024, dejó dos de cada tres euros de su presupuesto sin ejecutar y, hasta el mes de junio de este año, tenía pendiente de ejecución el 95%”. «Todo esto no nos hace caer en la inacción ni tirar balones fuera, sino que seguimos avanzando y trabajando con responsabilidad desde las administraciones donde gobernamos para ofrecer al ciudadano soluciones reales”, afirmó.
Asimismo, Navarro indicó que «los precios han subido un 35% en los últimos diez años y Pedro Sánchez lleva gobernando más de siete». Y, en este punto, forzó el contraste entre «las políticas de vivienda del Ejecutivo nacional y la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno para crear un clima fiscal amable, además de simplificar la burocracia y favorecer la inversión y la financiación con herramientas como el aval joven para menores de 40 años, que permite financiar hasta el 95% de la hipoteca».
«El 30% del coste de una vivienda son impuestos, imaginaos, por tanto, el margen que tiene ahí el Gobierno central como la administración con mayor capacidad en el ámbito fiscal”, aseveró.
Por último, la presidenta del PP defendió que “si a la escasez de vivienda unimos otros problemas como la movilidad, ya estamos hablando de un problema económico». «Pedimos al Gobierno que tome nota y dote a las políticas de vivienda de esa perspectiva económica; las siete provincias de España con más problemas de acceso a la vivienda mueven el 40% del PIB y esto debe ser tenido muy en cuenta porque se puede paralizar el desarrollo económico de los territorios”, puntualizó.
