La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno del PP, conocida por sus detractores como ley mordaza, prevé que graduar las sanciones en función de los ingresos y la capacidad económica del denunciado, y al mismo tiempo restringe la posibilidad de sancionar la captación o difusión de imágenes y vídeos de manifestaciones.
Se trata de dos de los casi treinta cambios puntuales que ha introducido la ponencia del Congreso encargada de examinar la ley, que ha retomado este miércoles sus reuniones a puerta cerrada tras meses de bloqueo. Los trabajos se prevén continuar en enero, una vez que el Congreso les habilite para reunirse en ese mes que está fuera del periodo ordinario de sesiones.
En una de esas enmiendas introducidas, a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que la cuantía de las sanciones que se impongan estará condicionada a la minoría de edad del infractor, pero también a su capacidad económica.
Y para determinar su capacidad económica, se establece que habrá que atender a sus «circunstancias personales, familiares y sociales» Así, para aquellas personas que acrediten unos ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo, se les aplicará una reducción del 50%. Y si cuentan con ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el SMI, la reducción será del 25%.
Incluso contempla la posibilidad de reducir la multa y hasta suspenderla en función de si hay un acto de conciliación entre la persona autora con las personas ofendidas, así como una actividad reparadora, sobre todo en aquellos supuestos en los que el sancionado es menor de edad.
Según ha explicado el ponente de Unidas Podemos, Enrique Santiago, se trata de generalizar un modelo que ya regía para los menores y ha generado un «gran acuerdo» para que a partir de la aprobación de la ley se pueda utilizar en «todos los supuestos de infracciones que afecten a bienes públicos o privados» siempre que exista una clara voluntad de conciliación entre las partes.
No hay multa por las fotos Además, se ha acordado la reducción de algunas sanciones y, en palabras de Santiago, la «no penalización» de la difusión de imágenes de protestas o actividades de las Fuerzas de Seguridad. Textualmente, la enmienda incorporada establece que «no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito publico y manifestaciones o su mera difusión».
Eso sí, se incluye como salvedad el uso de «imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o agentes» cuando genere un «peligro cierto» para su «seguridad personal o familiar, la de las instalaciones protegidas» o el riesgo de una operación. Ese «peligro o riesgo cierto» deberá «ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o la denuncia, con el mayor detalle posible».
Los escollos, al margen Por el contrario, la ponencia ha aparcado la media docena de artículos donde se mantienen las discrepancias y destaca el que regula las sanciones vía ley mordaza por las faltas de respeto a los agentes y el que avala los rechazos en frontera de migrantes, un asunto este último que se ha vuelto a poner en primer plano con críticas a la gestión del Ministerio del Interior tras la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.
Se trata de la tercera reunión en un año de la ponencia para modificar la ley que aprobó en 2015 con su mayoría absoluta el PP. El pasado viernes el portavoz de Interior del PNV, Mikel Legarda, adelantó que veía «avances suficientes» en las negociaciones «discretas» que se han venido celebrando en los últimos meses.
Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press señalan, no obstante, que persisten las diferencias en asuntos como las pelotas de goma, ya que el PSOE y el Ministerio del Interior se niegan a su eliminación como material policial, como exigen Unidas Podemos, ERC o EH Bildu. Como alternativa, estos grupos ofrecen que el Defensor del Pueblo supervise en el plazo de medio año la sustitución por un material menos lesivo, como ocurre en Cataluña con los proyectiles de ‘foam’.
Sin fecha para ir a comisión
La previsión es seguir trabajando en enero y no existe aún fecha para que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se eleve a la Comisión de Interior, paso previo para su aprobación en el Pleno del Congreso.
Precisamente estos días se cumplen dos años desde que el Pleno del Congreso aceptara a trámite la proposición de Ley del PNV. Tras dos reuniones previas de la ponencia a puerta cerrada, en los últimos meses se han celebrado una treintena de reuniones discretas del PSOE con sus socios parlamentarios.
El PP, Vox y Cs se desmarcaron de la reforma e incluso secundaron la multitudinaria manifestación convocada por los principales sindicatos policiales en Madrid en noviembre de 2021. En la reunión de este miércoles Ciudadanos si ha apoyado algunos de los cambios pactados.
En las reuniones discretas de los socios del Ejecutivo ya hubo avances en artículos como el que rebaja las multas para el consumo o posesión de droga en la calle. También se negoció sobre la veracidad de los policías en las actas sobre propuestas de sanción, reclamándose en adelante que el relato de hechos resulte «coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario», y hay acuerdo de los socios del Gobierno para modificar el artículo 20, que regula los registros corporales para «reducir al mínimo» los desnudos y evitar que se puedan llevar a cabo en la vía pública.
Aumentar las garantías La intención de los partidos que gobiernan en coalición es «aumentar las garantías» en las actuaciones policiales, como ocurre con la enmienda al artículo 22 sobre las grabaciones con videocámara en la vía pública. En adelante se pretende que estas grabaciones -por ejemplo en una manifestación que derive en altercados- se reflejen en atestados, quedando todo el material a disposición judicial si así se requiere.
Los sindicatos policiales se manifestaron en Madrid para expresar sus dudas -aunque algunos han matizado en las últimas semanas su rechazo frontal a la vista del cauce de las negociaciones- sobre la fórmula elegida para las identificaciones con retenciones de un máximo de dos horas, salvo excepciones justificadas, y la obligación de trasladar al afectado al lugar de origen en el caso de haber cambiado de localidad.
