El expurgo del caso Pujol lleva trazas de convertirse en la historia de nunca acabar. La defensa lleva más de año y medio tratando de eliminar los datos que considera que vulneran su derecho a la intimidad, lo que dilata la celebración del juicio contra el expresidente catalán y su familia, que difícilmente podrá ya celebrarse en 2024.
El último episodio se ha vivido a cuenta de ciertos documentos que dentro de subcarpetas de la plataforma digital Cloud del Ministerio de Justicia resultan inaccesibles para acusaciones y defensas. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido al departamento a cuyo frente está Pilar Llop que compruebe los problemas denunciados por la familia para proceder a subsanarlos.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, el instructor del caso acata la resolución de la Sala de lo Penal que da la razón a la familia Pujol y requiere a la Unidad de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia para que «emita un informe técnico-informático sobre si es posible el acceso, descarga y visionado de los elementos» que la familia Pujol considera que podrían afectar a su intimidad.
La defensa sostiene que no puede acceder a parte del «material incautado en las entradas y registros domiciliarios y transvasado a formatos informáticos» y hacerlo resulta imprescindible para asegurar «su derecho de defensa en este proceso penal» sin que «se vulnere el derecho a la intimidad de la propia parte apelante ni el de terceras personas».
Recursos varios Se trata de un episodio más en la batalla mantenida entre la representación de los Pujol y el juez Pedraz en relación con la eliminación del sumario de los documentos que no guarden relación con la causa y puedan vulnerar la intimidad de la familia. En marzo de 2022, la Sala de lo Penal ya dio la razón a la defensa frente a la negativa del juez a demorar más el traslado del procedimiento al tribunal que lo juzgará para que señale una fecha para la celebración de la vista oral.
En un principio, Pedraz rechazó el expurgo el entender que no se podían individualizar documentos que afectasen al derecho a la intimidad de los Pujol, pero rectificó cuando la Sala de lo Penal dio la razón a la familia. Pero a tenor del tiempo que está necesitando la familia para realizarlo, el magistrado debía tener razón. El primer instructor del caso, el juez José de la Mata, dio por concluida la instrucción de la causa sobre la fortuna andorrana del expresidente catalán en julio de 2020.
La Sala vuelve ahora a dar la razón a la defensa y en un auto declara que «lo razonable, por respetar la fe pública notarial, es cerciorarse» de los problemas denunciados por los Pujol y, en caso afirmativo, determinar «si se debía a defecto del sistema o a falta de habilidad informática, o a otro motivo cualquiera a relacionar con la parte o con el órgano jurisdiccional o con lo que fuere».
Los magistrados tienen en cuenta la presentación del acta notarial como prueba de que los Pujol han intentado el acceso de forma infructuosa, lo que hace necesario «una solución técnica para que la parte hoy apelante pueda acceder a una copia (de los documentos) que se haya subido a la plataforma digital Cloud».
