¿Cree que es necesario una reforma profunda del sistema de financiación local de los ayuntamientos?
Creo sinceramente que los ayuntamientos están infrafinanciados y que esto es un problema serio. El Gobierno debe afrontar de una vez un marco de financiación sustentado en criterios objetivos, que garantice la suficiencia de las entidades locales para que puedan prestar unos servicios públicos de calidad, especialmente en el caso de todos esos servicios que durante años les han sido delegados sin financiación extraordinaria.
¿Cree que se hace necesario abordar la financiación local de forma paralela a la autonómica?
Creo que sería lo más lógico, puesto que en el caso de Andalucía converge esa infrafinanciación en el ámbito local y autonómico. Desde el Partido Popular lo decimos siempre, no queremos más que nadie, ni siquiera que lo que recauda el Gobierno aquí, que es mucho, se quede aquí. Pero tampoco podemos permitir atropellos como los que hemos visto en estos siete años, con inversiones millonarias en otros territorios que aquí se nos niegan. Máxime cuando el Ejecutivo ha elevado un 75% la recaudación tributaria en la provincia, con 5.502 millones ingresados en las arcas públicas del Estado en 2024.
Los municipios se quejan de las dificultades para gestionar su propio remanente, que cuenta con limitaciones legislativas. “Nos gustaría ejecutar más” ¿qué opinión le merece esto?
Estamos en un momento de especial susceptibilidad con este asunto, después del agravio y de los dos intentos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de meter la mano en los ahorros de los ayuntamientos. Desde el PP entendemos que no se puede castigar la buena gestión que supone para un ayuntamiento contar con remanente y decirle que no puede utilizarlo para realizar inversiones que repercutan en la mejora del municipio. Tampoco ayudan giros como los que ha dado este Gobierno, al condonar la deuda del Ayuntamiento de Jaén en una maniobra política para alcanzar la Alcaldía y al resto no. Nos parece que hay muchos asuntos con los que este Ejecutivo de Sánchez y Montero están tensando la cuerda con las entidades locales.
Otra queja de los municipios es que los consistorios asumen “competencias impropias” en ámbitos como la educación o la dependencia que ocasionan unos 10.000 millones de euros de gasto.
Es lo que le decía antes. Asumen esas competencias a pulmón, sin financiación extraordinaria de la administración con mayor capacidad financiera como es el Estado que, además, también quita recursos a la comunidad autónoma, en este caso Andalucía, que deja de recibir 1.522 millones de euros al año por el injusto sistema de financiación existente, pactado en el año 2009 por el PSOE y ERC. Con la dependencia se ve muy claramente este agravio. Fíjese. La Ley de Dependencia dice que el Estado y las comunidades autónomas deben financiar el sistema al 50%, cosa que sí ocurre, por ejemplo, en el País Vasco. Sin embargo, en Andalucía la Junta destinará este año el doble que el Gobierno, aportando 1.563 millones de euros frente a los 768 millones del Ejecutivo de Sánchez. En las demás materias ocurre algo similar, porque Andalucía ha dejado de ingresar precisamente más de 10.000 millones de euros en los últimos siete años de este Gobierno por ese injusto sistema de financiación, dinero que la Junta no ha podido destinar a esos servicios públicos a los que hacía alusión.Un déficit financiero que también lastra a los ayuntamientos, que son además la administración más cercana al ciudadano y que, precisamente por esa cercanía, acaba asumiendo competencias que no le corresponden.
¿Qué margen de autonomía cree usted que tienen los ayuntamientos para gestionar sus recursos financieros?
Lo que tenemos claro en el Partido Popular es que la alternativa no es incrementar los impuestos locales. Bastante machacados están ya los ciudadanos por las 97 subidas de impuestos y cotizaciones sociales del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Los ayuntamientos deben ceñirse a las limitaciones que marca la Ley, pero insisto, si algo no es de recibo es que se cambien las reglas del juego a mitad de la partida, como ha hecho Montero al prohibir recientemente a las entidades locales que puedan utilizar sus remanentes para realizar inversiones o cuando no explican qué ocurre con las entregas a cuenta de 2025. No hay mayor freno que la incertidumbre y la improvisación.
Además de pedir más financiación, los ayuntamientos también demandan más agilidad para gastar el dinero
Mire, la burocracia en este país es uno de los principales escollos, también para el desarrollo de los municipios. Lo vemos con la vivienda, por ejemplo. Por eso, desde la Junta de Andalucía se ha impulsado ese gran paquete de simplificación de trámites administrativos, lo que sin duda ya está contribuyendo a agilizar proyectos e impulsar la actividad económica.
¿Qué impacto tiene la deuda municipal en la capacidad de inversión a largo plazo?
La deuda es una herramienta financiera que, como todo, puede ser beneficiosa si se planifica y se gestiona correctamente. Lo que no se puede hacer, bajo mi punto de vista, es mercadear políticas con la deuda para hacer una moción de censura y quitarle el gobierno a un ayuntamiento del Partido Popular. Por eso, hemos pedido al Ejecutivo de Sánchez que elabore un plan de condonación de las administraciones locales que así lo requieran, como fórmula también para paliar el grave déficit financiero de estas corporaciones.
¿Cómo afecta la actual situación financiera de los ayuntamientos a los servicios públicos que reciben los vecinos?
Pues como en cualquier ámbito económico, cuando existe un déficit financiero, es obvio que se pueden hacer menos cosas. Es lo que decimos siempre cuando desde el Partido Popular nos rebelamos ante el agravio respecto a otras comunidades autónomas, porque no es normal que un malagueño tenga que conformarse con una financiación autonómica de 2.141 euros por habitante, mientras que un vasco recibe el doble, 6.614 euros. Es obvio que los ayuntamientos están infrafinanciados y que, pese a la buena gestión de los alcaldes y alcaldesas, se está poniendo freno a muchos avances y mejoras por no querer acometer, por parte del Gobierno, esa reforma tan necesaria y urgente.
