Tres de las acusaciones populares personadas actualmente en las causas que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez, dos de tendencia conservadora (Hazte Oír y Iustitia Europa) y otra cercana al PSOE como es la Asociación Abogados Demócratas Europeos (ADADE) han ofrecido este jueves una rueda de prensa conjunta para denunciar las limitaciones que están sufriendo para ejercer su labor por las recientes decisiones de los jueces de ordenar su unificación bajo una misma dirección letrada.
«La tendencia ha ido progresando hacia la expulsión», según ha manifestado Francisco Montiel, abogado de ADADE con gran experiencia en causas de impacto político como han sido Gürtel, Púnica, Lezo o las abiertas contra el expolicía José Amedo. En el caso del Supremo la situación es aún más perentoria después de que el magistrado Leopoldo Puente las unificara bajo la batuta de la acusación ejercida por el PP y les impidiera acceder a las declaraciones de Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama.
Tampoco les notifica las actuaciones judiciales, de las que solo conocen a través de la acusación ejercida por los de Alberto Núñez Feijóo. Consideran que la decisión del Supremo es «insólita», en palabras de Montiel, y que lo que «verdaderamente» se ha buscado en el alto tribunal es «limitar las filtraciones» a pesar de que la decisión suponga vaciar de contenido el artículo 125 de la Constitución, que es sobre el que se asienta el ejercicio de la acción popular.
Esta decisión contrasta con la separación de las acusaciones populares que se mantiene en otra de las causas abiertas en el Supremo, la que se dirige contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. En la abierta contra el hermano del presidente, David Sánchez, en un juzgado de Badajoz, la juez ha puesto expresamente por escrito que pese a la unificación bajo el paraguas de Manos Limpias todos los abogados de las acusaciones personadas podrán estar presentes en su declaración del próximo 9 de enero.
Por ello han anunciado recursos, quejas ante el Consejo General del Poder Judicial y ante el Colegio de la Abogacía de Madrid. Estas dos últimas acciones ya han sido realizadas por cuenta propia por la Asociación Liberum, que no estaba presente en esta rueda de prensa. «Es mejor ir por separado, no poner todos los huevos en la misma cesta», ha manifestado el abogado de Hazte Oír Jesús María Pérez Roldán. En todo caso, trataron de hacer esta rueda de prensa en el Colegio, pero esta institución les ha «dado largas».
Por parte de Luis Pardo, de Iustitia Europa, no puede olvidarse que las acusaciones populares han permitido abrir las mayores causas de corrupción en nuestro país y, si bien no existen en otros países de Europa, quizá la razón es que en nuestro entorno «la Fiscalía no está contaminada por los políticos». También se quejan de que las fianzas que deben depositar para poder personarse son cada vez más altas.
Nueva LECrimLas manifestaciones de los abogados coinciden con la aprobación, por parte del Consejo General del Poder Judicial del informe sobre el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que alude a la posibilidad de que el proyecto para dar la instrucción penal a los fiscales también sirva para limitar la actuación de las acusaciones populares a determinados delitos. El documento cita los referidos la ordenación del territorio, contra el mercado, la financiación ilegal de partidos, delitos de corrupción como el tráfico de influencias, cohecho o malversación, así como delitos de odio, terrorismo y la rebelión.
A esto hay que sumar que el juez puede «controlar la legitimidad y regularidad de los acusadores populares, evitando los excesos o abusos en el ejercicio de la acción popular como la que ahora protagoniza causas de gran impacto político como son el caso Koldo y los abiertos contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno.
