La provincia de Málaga ha moderado su ritmo de edificación residencial durante el tercer trimestre de este 2025, aunque el conjunto del año sigue presentado cifras de subida. Entre julio y septiembre se autorizaron 1.804 nuevas viviendas, un dato que es un 16,4% inferior al del mismo periodo de 2024, cuando se visaron 2.158 unidades, según ha informado este martes el Colegio de Arquitectos de Málaga. El acumulado del año (enero-septiembre) es de 6.223 viviendas proyectadas, con un 2,5% interanual de incremento, en lo que sigue siendo el mejor dato desde 2008, cuando culminaba la famosa época del boom inmobiliario, antes del estallido de la gran crisis.
El Colegio de Arquitectos comenta, además, que durante el tercer trimestre no se ha registrad ningún proyecto de vivienda protegida (VPO) de promoción privada. Las VPO desarrolladas por las administraciones públicas siguen sus propios procedimientos y no precisan necesariamente del visado colegial. Así que, por ahora, Málaga sólo cuenta con las 143 VPO que se visaron en el segundo trimestre, dejando el peso de este segmento dentro del mercado en porcentajes nimios: apenas un 2,5% de las viviendas visadas en lo que va de año son protegidas.
«Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y adaptar las políticas urbanísticas para garantizar una oferta de vivienda sostenible y accesible para todos los ciudadanos», ha señalado la decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, quien ha añadido que la vivienda continúa siendo la principal preocupación de la sociedad.
Por municipios, las cifras de visados del tercer trimestre están encabezadas por Málaga capital (541), Mijas (277), Manilva (200), Fuengirola (205) y Estepona (201). Como ya es habitual, la actividad se mantiene concentrada en la costa, mientras que el interior sigue sin apenas incorporaciones de nueva obra.
En toda la provincia, el apartado de vivienda libre unifamiliar contabilizó 179 proyectos que suman 230 unidades, con un presupuesto global superior a 66 millones de euros. En lo que respecta a la vivienda libre plurifamiliar, en este trimestre se visaron 54 proyectos con un total de 1.574 unidades y una inversión que supera los 208 millones de euros.
Bajan también las viviendas terminadasLas cifras de viviendas terminadas también muestra una bajada en este tercer trimestre, con 1.500 unidades finalizadas, un 25,9% inferior al mismo periodo del año pasado (2.024). La mayoría de ellas corresponden a proyectos desarrollados en el litoral malagueño. En los nueve primeros meses del año se ha terminado 4.752 casas, con un descenso interanual del 6,7%. Y de esas terminadas, sólo un 3% son VPO, confirmando el diagnóstico de los arquitectos en cuanto a la poca presencia de vivienda asequible en el mercado.
Pacto de Estado para la crisis habitacionalLa decana de los arquitectos también ha hecho referencia al informe ‘Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España’, publicado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) en septiembre, que subraya la necesidad urgente de un Pacto de Estado coordinado con las comunidades autónomas para abordar la crisis habitacional actual y prevenir otras futuras.
Entre las medidas propuestas, destaca la agilización de los trámites administrativos, la importancia de aumentar el parque de vivienda protegida y libre, así como reducir los precios tanto en venta como en alquiler, limitando, entre otras aspectos, la vivienda turística.
Susana Gómez de Lara, decana del colegio de arquitectos de Málaga. / Álex Zea
«Desde el Colegio de Arquitectos de Málaga respaldamos estas propuestas y reiteramos nuestro compromiso con una arquitectura sostenible, inclusiva y accesible para todos», ha señalado Gómez de Lara. A este respecto, subraya que la sostenibilidad «ya no es solo una mejora puntual, sino una nueva forma de concebir y practicar la arquitectura, que dialogue con el entorno, promueva la equidad social y fomente la excelencia técnica».
Gómez de Lara cree que hay que involucrar a todos los actores del sector y a las administraciones públicas «para garantizar el bienestar de las futuras generaciones».
