La Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) envió el pasado 13 de octubre al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Tándem, Manuel García Castellón, un informe en el que los agentes preguntaban si debían investigar cada uno de los casi 40 trabajos realizados por el comisario José Manuel Villarejo, entre los que se encuentra el bautizado como «Sun». En esta ocasión los clientes del ex mando policial eran las empresas Sky Global y SWL Flash Bright Limited, controladas por el ciudadano chino Su Weili, quien reconoció haber contratado a Cenyt, la sociedad de Villarejo.
El documento de Asuntos Internos añade datos relevantes sobre este proyecto ‘parapolicial’ que abarcó los años 2008, 2009 y 2010, cuando Villarejo era inspector de policía. Por ejemplo, que el cliente del mando policial utilizó como vía intermedia de contratación el despacho de abogados «Cuatrecasas», que los investigados eran ‘Antonio Qiu Xia’ y ‘Hao Jun Qiu Xia’; pero también que la tarifa iría de los 545.000 euros, más otra cantidad a determinar en caso de «éxito», a 1.175.000 euros.
Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre un delito de apropiación indebida en la empresa Sky Global, adelantada por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, aporta información extra sobre el asunto que tienen entre manos Asuntos Internos y el juez García Castellón y que, además de aportar datos en torno a Villarejo, lo hace sobre su socio en Cenyt, Rafael Redondo. Tanto el comisario, que en esos momentos permanecía en prisión preventiva, como Redondo, declararon como testigos en la vista oral del mencionado caso judicial.
Tres años de prisión En la sentencia sobre el caso ‘Sky Global’, el ciudadano chino Hao Jie Qiu Xia, alias «Antonio Qiu Xia», dueño del 13% de la compañía, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Los otros dos condenados fueron el abogado José Ángel Mur de Viu Bernard, hijo del exsenador del Partido Aragonés Regionalista (PAR) José María Mur, y Fernando José Muniesa Peña, vinculado a la empresa Collado de Artaza SL (15%). Se da la circunstancia de que diferentes artículos de prensa definen a este último condenado como especialista en servicios secretos y excolaborador del Ministerio de Defensa. Ambos tienen una pena de tres años de cárcel por los mismos delitos que se atribuyen a Alberto Qiu. A los tres se les reclama la devolución de 29,5 millones de euros.
Pero, ¿cuál es la relación del caso Sky Gobal con Villarejo? Además de que el denunciante y principal accionista de la empresa, Su Weili, admitió haber contratado los servicios del comisario, según el relato de la sentencia, José Ángel Mur de Viu declaró en calidad de imputado el 27 de enero de 2010 que mantuvo una reunión con Rafael Redondo el 20 de enero de 2009 en el despacho de Alfonso Garrido, letrado contratado por el denunciante para asesoramiento de la sociedad SWL Flash Bright Limited, tras la cual fueron al despacho de Cuatrecasas, donde fue informado del estado procesal de la causa.
«Círculo íntimo» Después, según declaró el hijo del exsenador, “una persona de su círculo íntimo”, no identificada, “le hizo llegar un mensaje de un inspector de Policía llamado Villarejo que le sugería que, por su bien, fuera a hablar con él». «Y por lo tanto el 24 de febrero de 2009 acudió a una cita en despacho de la empresa Cenyt, en donde se encontró con Villarejo y con Rafael Redondo”. En dicha reunión, prosigue el acusado, se le presionó para llegar a un acuerdo: “Se le hizo ver la posible implicación que su relación con los autos podía tener en la reputación de personas muy queridas para él, que por la experiencia de sus interlocutores en las instrucciones largas solían aparecer pruebas manipuladas y la conveniencia de solucionar extrajudicialmente este tipo de problemas”, declaró.
Este acusado aludió también a otro encuentro que tuvo en marzo de 2009 con Rafael Redondo y otra persona en el que le reiteraron las presiones, por lo que se sintió “agobiado y se fue a mitad de la conversación”. Finalmente afirmó que el 20 de mayo de 2009 recibió en su domicilio particular un sobre con una tarjeta profesional de la empresa Cenyt, a nombre de Rafael Redondo, en la que se adjuntaba la transcripción de la conversación aportada por el cliente de Villarejo al Juzgado para reforzar la denuncia contra sus socios.
Pese a haberla dado por válida, en la sentencia no se descarta la posibilidad de que al menos el denunciante dispusiera de la grabación antes de ser entregada al Juzgado y la hiciera llegar a Mur de Viu, como medida de presión, a través de Redondo, quien llegó a reconocer que trataban de negociar con el acusado un acuerdo extrajudicial. Además, los magistrados llegan a considerar “curioso” que tanto Villarejo como Redondo fueran propuestos como testigos por el denunciante y los denunciados.
Declaraciones Mientras el comisario jubilado, que en el momento del juicio en enero de 2019 todavía se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de Estremera, echó balones fuera al afirmar durante su declaración “que por sus circunstancias personales actuales, notoriamente conocidas”, no recordaba “nada” sobre este tema. Su entonces socio, Rafael Redondo, sí dio explicaciones de su actuación.
Este abogado, socio minoritario de Cenyt, confirmó que la empresa del comisario recibió un encargo del ciudadano chino Su Weili, a través del despacho Cuatrecasas, para rastrear unos fondos supuestamente defraudados que habían salido de la sociedad Sky Global en la que participaba la persona que les contrataba. En concreto, Su Weili poseía el 46% del accionariado de la compañía.
«Funciones jurídicas» Redondo trató de restar importancia a su participación en los hechos y dijo que en 2009 era un empleado de Cenyt, firma en la que desarrollaba “sobre todo funciones jurídicas”, pues se encargaba del despacho de abogados de la compañía.
Explicó que participaba en la organización de los equipos o en la elaboración de investigaciones patrimoniales. Sin embargo, en el caso Tándem se constata la importancia de sus intervenciones con los propios clientes, a los que a semejanza de Villarejo, grababa. En concreto, Redondo está a la espera de sentencia en relación a la pieza separada denominada “Iron” tras captar en audio las reuniones con los clientes en su despacho.
Testificó que no había conocido al cliente chino, y lo justificó porque quien contrató con la empresa para la que él trabajaba había sido el despacho Cuatrecasas, que no ha respondido a las preguntas de El Periódico de España sobre este asunto, pese a haber sido requerido para ello antes de que este texto fuera publicado. El socio de Villarejo relató que se les encargó investigar a una sociedad con sede en Bratislava (Eslovaquia). Por eso detectaron que no tenía actividad y vieron que no tenía empleados. Sin embargo, no recordó si llegaron a elaborar un informe.
«La grabación» Pese a las declaraciones de los testigos y los imputados, Redondo negó haber realizado una grabación alegando que se la aportó el despacho de abogados Cuatrecasas y que se trataba de una conversación entre las cuatro personas que estaban siendo investigadas, entre ellas José Ángel Mur y los hermanos Qiu, con la transcripción correspondiente: “Explica que a ellos no les dijeron cómo llegó a España la grabación y tampoco lo preguntaron”, dice de forma textual la sentencia en relación al testimonio de Redondo.
No obstante, este socio de Villarejo reconoció haberse reunido junto con el comisario con uno de los condenados, en concreto con José Ángel Mur de Viu Bernard: “En todo caso asegura que durante esos encuentros su presencia era puramente testimonial porque él no participaba”, prosigue la sentencia, que destaca que Redondo negó que se hubiera presentado como el representante de «la comunidad china”, tal y como defendió uno de los condenados.
El socio de Villarejo tampoco aclaró si recibió el encargo hacerle llegar a José Ángel Mur de Viu una copia de la transcripción de la conversación, al mismo tiempo que negó haber enviado en un sobre al acusado una transcripción del audio, a modo de amenaza.
Senador aragonés Respecto a una posible reunión en febrero de 2009 en la que también habría participado el entonces inspector Villarejo en las oficinas que la empresa Cenyt tenía en la Torre Picasso, en Madrid, Redondo no recordó el encuentro. No obstante, negó haber advertido a José Ángel Mur de Viu, tal y cómo declaró éste, de lo que podía ser conveniente para sus intereses y su entorno familiar, en este caso su padre, que era senador del PAR. Declaró, en su defensa, que él no hacía esas cosas ni era su manera de actuar y que estaba seguro de que su actuación con esta persona siempre había sido correcta.
Redondo dijo que desconocía si en la reunión le dijeron a Mur que poniendo “cierta cantidad importante de dinero se solucionaría el problema”, según dice de forma literal la sentencia, y aclaró que su cliente, Su Wei, les explicó que había desparecido “un importante dinero de la sociedad y que si había un acuerdo económico, con devolución del capital, podía no haber caso”. También recordó que su cliente “tenía mucho interés en resolver el problema de manera extrajudicial porque no quería meter a nadie en la cárcel”.
Sin embargo, este socio de Villarejo puntualizó que a él lo que le competía era la localización de los bienes, algo que no consiguieron, ya que la mayoría de la información la obtuvo la consultora KPMG, aunque luego ellos hicieron “algunas gestiones complementarias menores”.
Trabaja para Su Weili Por su parte, el testigo Alfonso Garrido Picón confirmó en el juicio que contrató a Cenyt después de que su cliente, Su Weili, tuviera conocimiento de que podían estarse realizando transferencias sin justificación de capital al extranjero. Villarejo se comprometió a investigar a dónde iban dichas transferencias. Señaló a Redondo cómo la persona que intervino, con quien tenía las reuniones, en las que también llegó a participar el comisario, que en esas fechas era policía en activo. Afirmó que “lógicamente esta agencia trabajaba para Su Weili, que era quien abonaba sus servicios”.
En cuanto a su opinión sobre el trabajo que desarrolló Cenyt, el testigo explicó que la denuncia la elaboró el despacho de Cuatrecasas, aunque sí recordó un informe de esta compañía relativo a las sociedades TTC2 y Ard Choille, con las que los condenados sacaron dinero de España.