La asociación Los Rusos Libres, la principal organización que agrupa a los ciudadanos de su país residentes en España contrarios a la invasión de Ucrania lanzada por el Kremlin hace tres años y medio, acaba de presentar una denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y el Banco de España por las actividades que lleva a cabo en España la denominada Casa de Rusia en Alicante, dirigida por Aleksándr Chepurnoy, nacido en Lviv (Ucrania). Basándose en las informaciones publicadas en EL PERIÓDICO y en el resto de los diarios del grupo Prensa Ibérica el pasado 16 de julio, la agrupación disidente sostiene en un escrito que en las actividades de dicha organización ha identificado «indicios de delito contra la seguridad del Estado, infracciones de sanciones de UE y blanqueo de capitales».
Los hechos que, en opinión de la organización, podrían ser constitutivos de delito son, en primer lugar, la recepción de financiación del denominado Fondo para el Apoyo y la Protección de los Ciudadanos que Viven en el Extranjero, más conocida como Pravfond, después de la entrada en vigor de las sanciones contra esta organización gubernamental rusa decretadas por la UE en la primavera 2023. El escrito también destaca que en los informes y documentos remitidos y firmados por el propio Chepurnoy a la sede central de Pravfond en Moscú demuestran que la Casa de Rusia en Alicante «atenta contra la seguridad del Estado» ya que admite a sus financiadores que trabaja para crear «un grupo de periodistas y abogados españoles leales a la Federación Rusa» y que participa y organiza «sin llamar la atención» hacia sí -es decir, de forma secreta- de actos contra la OTAN, la alianza militar en la que está encuadrada España.
Código penalTodo ello lleva a considerar a la organización que la Casa de Rusia ha llevado a cabo violaciones de los artículos 581, 583 y 599 del Código Penal español, que sancionan cualquier acto destinado a someter al territorio nacional a un «Estado extranjero», y que castigan «los vínculos con un Estado hostil para favorecer sus objetivos y perjudicar a España» y la «obtención de información con la intención de transmitirla a agentes extranjeros». Se trata de la primera denuncia policial, desde el arranque de la invasión rusa de Ucrania, contra supuestos agentes de influencia del Kremlin que actuarían en España.
Las informaciones publicadas por EL PERIÓDICO y los restantes medios del grupo Prensa Ibérica se basaron en una investigación internacional coordinada por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) de 50.000 emails de Pavfond obtenidos por periodistas de la Televisión Danesa (DR) y en la que participaron una treintena de medios internacionales, incluyendo Le Monde de Francia, The Irish Times, o la cadena Australian Broadcasting Corporation. Las pesquisas periodísticas demostraron precisamente que el sancionado organismo presidido por el también sancionado diplomático Aleksándr Udaltsov había seguido financiando sus actividades en un buen número de países europeos contraviniendo las represalias decretadas por Bruselas.
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