La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, ha citado a declarar como investigado al ex teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila Carlos Alonso, uno de los cuatro investigados en el caso Cuarteles. La comparecencia se produce días después de que el letrado del uniformado presentara un escrito en el que pedía la comparecencia de su cliente con la finalidad de explicar que este no participó en las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras de la Guardia Civil al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, conocido con el alias de ‘Mon’.
Tal y como adelantó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Alonso señaló en sede judicial que la contratación con las empresas de ‘Mon’, cuyo nombre aparece en cinco ocasiones en el caso Mediador que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, le «vino determinada» directamente del también investigado Pedro Vázquez Jarava, el teniente general a cargo de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil. En total, las empresas de Tejera de León se realizaron en 26 cuarteles de Ávila con obras por las que se pagaron 120.000 euros.
Obras no ejecutadas El informe inicial elaborado por el comandante interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica de la Guardia Civil en Castilla y León detectó que un alto porcentaje de las obras de pintura de 2016, pese a haber sido abonadas, en realidad no habían sido ejecutadas. Estas irregularidades fueron confirmadas en un informe pericial. En el mismo sentido, Asuntos Internos detectó que Alonso había ingresado en sus cuentas 21.500 euros en efectivo «cuyo origen no ha podido ser determinado».
«Estas imposiciones de dinero en efectivo se realizan, con carácter general, el mismo día o en las fechas previas a que se produzcan determinadas necesidades de pago (cuotas mensuales de amortización de préstamos, cargos con operaciones de crédito…)», especifica el informe de Asuntos Internos.
La defensa justificó los ingresos de Alonso porque este comenzó a ahorrar «en metálico en 2010, fluctuando las cantidades disponibles según los gastos y capacidad de ahorro». También explicó que la «suegra» del alto mando de la Guardia Civil, que convivió con ellos durante dos años, falleciendo en 2010, les dio dinero en efectivo para gastos en «vida». Un dinero que habrían ingresado en años posteriores para ahorrar.
La Audiencia confirmó la imputación El pasado 20 de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la imputación de Alonso al detectar que hubo aumentos de crédito para que se pintaran las instalaciones de la Guardia Civil, al mismo tiempo que se recomendaba la adjudicación a ‘Mon’ de estos trabajos.
El propio Tejera de León admitió en una declaración en sede judicial «la existencia de importes de facturas que no se correspondían con lo que realmente fue ejecutado».
La investigación sobre Ávila permitió que Asuntos Internos de la Guardia Civil detectara que el constructor canario Tejera de León también había recibido adjudicaciones por un valor de 3,3 millones de euros en otras doce Comandancias de otras tantas provincias españolas. Por eso el juez que abrió la causa en Ávila se inhibió a los Juzgados de Madrid, recayendo en concreto en la magistrada Durántez.