La magistrada de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa de la dana en Valencia, acepta la personación del pseudosindicato Manos Limpias que pretendía dirigir la acción penal «contra los representantes de la Aemet Agencia estatal de meteorología), la CHJ (Confederación hidrográfica del Júcar), así como contra el investigado Emilio Argüeso». Pero acota el ámbito en el que el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias podrá acusar, según un auto notificado este lunes a las partes que no es firme y puede recurrirse.
Respecto a la Aemet, la jueza de la dana advierte a Manos Limpias que «no existe indicio alguno de responsabilidad penal contra sus representantes, lo anterior va más allá de toda la información que ha proporcionado dicha entidad, que señaló como día álgido de la dana, el 29 de octubre de 2024». Para realizar esta taxativa afirmación la magistra se apoya en la declaración del pasado viernes del ingeniero y doctor en hidráulica, Francisco Vallés, quien declaró en sede judicial que «la Aemet acertó plenamente en sus predicciones». Un «hecho obvio» para la magistrada y «conocido públicamente, sin un específico conocimiento de la causa, sólo por la lectura de los medios de comunicación y por la actuación conocida de diversas entidades e instituciones, que sí que atendieron a las previsiones de la Aemet, entre ellas la Universitat de Valencia».
Y como prueba, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce la acusación popular bajo la dirección letrada del abogado Manolo Mata, ha aportado recientemente a la causa la portada de Levante-EMV publicada el 29 de octubre -también la de Las Provincias- en la que se titulaba a cinco columnas: «La amenaza de fuertes lluvias cierra aulas y corta carreteras».
Portada de Levante-EMV del 29 de octubre de 2025 / Levante-EMV
Por tanto, asegura la magistrada, «ejercitar la acción penal frente a la Aemet como posible responsable de los 228 fallecimientos no tiene sentido y no procede la declaración como investigado contra ninguna persona, que ejerciera funciones, directivas o no, de dicha agencia».
Y similar información añade respecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya reiterada en otras resoluciones de la magistrada. «De igual modo ha de reiterarse en lo expuesto respecto de Miguel Polo (presidente de la CHJ). La ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH (Servicios de alertas de información hidrológica)» y por «la posibilidad de acceso al mismo». Por tanto, según la magistrada, «ni de forma paralela [se puede] atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo».
