Hasta 34 dispositivos de almacenamiento, entre teléfonos, USB, discos duros y tarjetas de memoria, fueron hallados el pasado 10 de junio durante el registro en la casa de Valencia del exministro José Luis Ábalos por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante el operativo ordenado por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en la causa en la que investiga al ahora diputado del grupo mixto, a su asesor Koldo García, al comisionista Víctor de Aldama y desde la semana pasada también al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.
Se da la circunstancia de uno de los discos duros fue intervenido por los agentes que practicaron los registros a la modelo que acompañaba al exministro cuando los agentes se personaron en su vivienda el pasado día 10. Con la excusa de tener que sacar al perro y de llevarse algo para desayunar, ella entró en una habitación. Cuando se disponía a salir, uno de los guardias procedió a someterla a un cacheo, en el que se encontró que llevaba consigo en el pantalón un dispositivo de almacenamiento, que fue intervenido.
En el oficio que le envía el instituto armado al juez Leopoldo Puente, al que ha tenido acceso esta redacción, los agentes refieren el hallazgo de los citados dispositivos, algunos con el logo del PSOE, de la constructora Etosa o de su fundación, Fiadelso. Solo en el bajo de su vivienda se encontraron un total de cuatro discos duros de almacenamiento.
Los dos móviles que se intervienen al exministro son volcados y después se le devuelven. También se le intervinieron cinco libretas tipo cuaderno y lo que los agentes denominan «un conjunto documental».
Una decena másAdemás del registro de Ábalos, que fue el que más expectación mediática despertó, por la responsabilidad que tuvo en el Gobierno de Pedro Sánchez y en la trama, se realizó otra decena de personas y empresas relacionadas con el presunto cobro de comisiones por adjudicaciones de obras investigado en la causa.
Se trata del domicilio de José Ruz y la sede de su empresa, Levantina, Ingeniería y Construcción; la vivienda de Fernando Merino, responsable de Acciona en Navarra; el domicilio de Antonio Fernández Menéndez, y su empresa Obras Públicas y Regadíos; la casa de Joseba Antxon Alonso y Servinabar, y el domicilio de Daniel Fernández Menéndez.
En el informe por el que el juez Puente autoriza la realización de registros se sitúa el origen de la presunta trama de corrupción investigada en 2015 a través de las relaciones que Cerdán y Koldo García mantenían con Merino y Alonso, de tal forma que los pagos que Acciona les realizaba por la gestión de una mina de potasa se desvinculaban del exasesor cuando los cobraba. En los registros se ha intervenido un documento por el que Cerdán adquiría el 45% de Servinabar, en la que Alonso figura como administrador único. A Acciona se le requirió documentación sobre cinco expedientes en las que resultó adjudicataria de obra pública, o en solitaria o en UTE con Tecade y Freissinet o Ferrovial Agroman.
Los investigadores detallan que la documentación que se llevaron de los registros se extrajo de forma selectiva en función de su presunta vinculación con la trama. Por ejemplo, en Levantina se trata de la relativa a la «autovía Santiago A12; obra emergencia Asturias Adif; conservación de carreteras de Teruel; documentos relacionados con la figura de Juan Carlos Etero; Dos Hermanas autovía; Adif estación de Elche; Ventucelli Motril; puerto de Melilla; Edificio Roya, y limpieza Emfesa». En el domicilio granadino de Merino se intervino numerosa documentación relativa a Acciona y Servinabar.
