La Fiscalía de Málaga ha abierto una investigación para depurar posibles responsabilidades en el desarrollo urbanístico que ejecuta la mercantil Martín Palo Alto S.L. en el término municipal de Ojén y en las cercanías del término municipal de Marbella. En base a este procedimiento, al representante legal de la referida promotora se le ha citado próximo 22 de abril para que preste declaración en calidad de persona investigada en el juzgado de instrucción número 2 de Marbella.
Los hechos investigados parten de las diligencias abiertas por agentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, que al parecer podría estar ejecutando trabajos «sin licencia municipal de obras» en distintos sectores de Arroyo Calero y que afectarían a la instalación de redes de saneamiento y pluviales en el cauce del arroyo del Espartal.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, este supuesto desarrollo urbanístico irregular pudiera constituir un delito contra la ordenación del territorio y de esta investigación se ha dado cuenta tanto a la propia mercantil investigada como al Ayuntamiento de Ojén. Las diligencias abiertas especifican que el restablecimiento de la legalidad debe seguir su tramitación, «sin que sea impedimento para ello la existencia de un procedimiento penal», tal y como recoge la LISTA, como actual reglamento urbanístico autonómico, en su artículo 159.3.
Complejo residencial de lujoEl desarrollo impulsado por la mercantil ahora aludida fue presentado hace casi una década y, según fuentes municipales, la amplia mayoría de las obras se han podido ejecutar aún con las dificultades que han entrañado tanto la pandemia como la falta de materiales, a raíz de la guerra en Ucrania.
En su día, el arquitecto y promotor de Palo Alto, Matías Villarroel, anunció el desarrollo de distintos sectores en el término municipal de Ojén y junto a Marbella que requerirían de una inversión no inferior a 250 millones de euros. La propuesta inicial iba a ocupar una superficie total de más de 50 hectáreas, adquiridas en su momento a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) por unos 30 millones de euros.
El 40% de la superficie total correspondería a espacios verdes y se pusieron en marcha hasta seis fases constructivas, al objeto de ejecutar los trabajos en un plazo máximo de cinco a siete años. Ya a mediados de la pasada década, con la condición de inmuebles de lujo en un enclave con rentabilidad asegurada, se habían comercializado prácticamente la mitad de las viviendas planificadas. Y se destacó por parte de la promotora que entre los inversores, de hasta 16 nacionalidades, figuraban en su mayoría futuros residentes alemanes o belgas.
La intención inicial era de la impulsar un cupo de más de 1.500 viviendas, pero la negociación entablada con el Ayuntamiento rebajó prácticamente a la mitad esas aspiraciones, con el compromiso de apostar por desarrollos con amplias áreas verdes y que podrían atraer a clientes de un mayor poder adquisitivo.
El enclave fue destacado en ese momento por corresponder al entorno del ya hoy Parque Nacional Sierra de las Nieves, a modo de lugar idílico a medio camino entre las playas de Marbella, Estepona o Mijas y algunas de las cumbres de mayor interés medioambiental de toda la provincia de Málaga.
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