El otoño que están teniendo PSOE y Unidas Podemos en el Congreso es como para que sus diputados se tomen unas vacaciones, a ver si así relajan los ánimos. Hay motivos variados y numerosos. Entre ellos, tres enmiendas socialistas.
Una. La que exigió autorización judicial a menores de 12 a 15 años para el cambio de sexo en la ley trans llevó al límite las relaciones entre las dos formaciones, socios en el Gobierno. Este pasado lunes, en la Comisión de Igualdad, se votó y el PSOE perdió. La propuesta no formará parte del dictamen porque una mayoría «rara», según el adjetivo empleado por Patxi López, se impuso. Esa mayoría «rara» es la que forjaron Unidas Podemos, los grupos progresistas y el PP, entre otros. Cada cual por razones distintas, pero cada cual con un objetivo idéntico.
Dos. La que sacaba a los perros de caza del radio de protección de la ley de bienestar animal. Las cosas aquí se están complicando. Desde que la registró el grupo socialista para dar respuesta a una exigencia de numerosas federaciones del partido, ubicadas en zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla y León o Aragón, los ánimos se han ido enconando y sólo la semana pasada empezaron a asomar destellos de concordia en el horizonte. Destellos que otra vez han tapado los desacuerdos, sin embargo. Este miércoles pareció por unas horas que pactaban. Luego la dirección socialista dijo que no. Unidas Podemos se enfadó.
Tres. La enmienda número 270 del PSOE en el proyecto de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia. Es una de esas enmiendas parecida a las que ahora están tan de moda, las incongruentes, que son las que se registran para modificar una ley de ámbito diferente al de la que se está enmendando. Hay un montón de esas esta legislatura. A decir verdad, las ha habido siempre, pero las actuales están adquiriendo una notoriedad sin parangón. Ahí están las de la reforma del Código Penal para cambiar las leyes del poder judicial y del Tribunal Constitucional, sobre las que el PP ha presentado un recurso de amparo ante el máximo órgano de garantías.
Desalojar inmuebles ‘okupados’ Esa enmienda número 270, en rigor, no está tan desconectada temáticamente de la norma a revisión, que habla sobre la modernización del servicio público de justicia y la implantación de oficinas de justicia en los municipios. Añade una disposición final primera para cambiar varios artículos de la ley de enjuiciamiento criminal o para introducir nuevos, como el 544 sexies.
El precepto que el PSOE quiere incorporar habla sobre «los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena». En estos casos, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente «el desalojo en el plazo máximo de 48 horas».
Añade que si esas personas ocupantes estuvieran en riesgo de exclusión social o en situación de «especial vulnerabilidad», o bien hubiera entre ellos un menor en riesgo de desamparo, el juez o el tribunal informará de ello «inmediatamente» a los servicios sociales municipales o autonómicos, según el caso, y al Ministerio Fiscal «a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias».
Fue el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien anunció el registro de esta enmienda a finales de septiembre. Pocos minutos después Unidas Podemos movilizó a Rafa Mayoral, su portavoz en materia de vivienda, para descalificar la idea socialista. Los grupos de la derecha consideraron interesante la propuesta; más o meno sigue la estela de propuestas hechas por el PP, sin ir más lejos. Desde el principio están dispuestos a apoyarla. Pero los «morados» no, ni por asomo.
Fuentes parlamentarias informan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mismo grupo editorial que este diario, que en el grupo confederal se ha tomado una decisión: si la enmienda entra en el dictamen de la ley de eficiencia organizativa de la Justicia, no votarán a favor del texto.
Esto no tiene por qué provocar el descarrilamiento de la norma. El PSOE podría contar con el respaldo del PP, Cs o el PDeCAT, formación muy interesada en la agilización de los desahucios de inmuebles ‘okupados’. Ferrán Bel, líder de las siglas en el Congreso, tras conocer la redacción socialista, transmitió a la dirección de López su interés y voluntad de negociación.
En la misma justificación de la enmienda el PSOE explica que la razón por la que defiende la propuesta tiene que ver con la necesidad, apuntan, de acabar con «los perjuicios para la víctima» de una ‘okupación’, ya que actualmente no puede disponer de ésta hasta la ejecución de la sentencia. Mientras tanto, ha de seguir afrontando «ciertas cargas derivadas de la titularidad del bien y el progresivo deterioro del mismo, consecuencia del uso que los/as ilícitos/as ocupantes realizan».
Para sostener la enmienda, citan la instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, «sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles», basada, a su vez, en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de diciembre de 2018.
En resumen, que para el PSOE «es necesario que se pueda solicitar y acordar la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble en aquellos supuestos en los que se aprecien sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación» y «se verifique además la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor».
Ni el segundo punto del nuevo artículo, de finalidad social, alivia el malestar de Unidas Podemos. El PSOE, en la justificación, incluso apunta a la facilitación de una solución residencial para las personas en situación de «vulnerabilidad especial» que ocupen un inmueble, pero ni por esas.
Tal es el enfado de Unidas Podemos, indican las fuentes consultadas, que podría quedar afectada la ley de vivienda, sobre la que el PSOE no ha dejado de hablar este mes con ERC y EH Bildu, en especial con la primera de ambas formaciones. Ya no da tiempo, ni siquiera con milagros de por medio, a que se apruebe antes de fin de año. Así que la semana que viene, que es cuando podría cerrarse la ponencia de la Comisión de Justicia que está analizando la norma sobre el servicio público de justicia, se verá en la Cámara Baja si tras las batallas por la ley trans y la ley de bienestar animal, los socios de Gobierno libran una más.
