La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que un esfuerzo de consolidación fiscal para el conjunto de las Administraciones Públicas que redujese el déficit estructural a razón de un 0,25% del PIB anual, dejaría el endeudamiento relativo en el 110% del PIB en 2032.
Para el subsector de las comunidades autónomas, y con un ajuste estructural similar, desde la Fundación apuntan a que no se alcanzaría dentro de 10 años el objetivo normativo del 13% del PIB para la deuda pública autonómica establecido en la vigente ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Fedea ha publicado este lunes un trabajo de Manuel Díaz (Fedea), Carmen Marín (Fedea) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide y Fedea) sobre los factores determinantes del nivel de deuda pública y su posible evolución futura en el conjunto de Administraciones Públicas españolas, con especial atención al caso de las comunidades autónomas.
Existen, según los autores al menos dos motivos principales por los que debe prestarse atención a la evolución de la deuda pública en nuestro país. El primero es la propia preocupación intrínseca que genera su elevado volumen. En este sentido, el informe señala que si bien sus orígenes se remontan a la resaca de la Gran Recesión, el impacto de la pandemia Covid-19 ha acentuado los potenciales problemas de sostenibilidad a los que nos podemos enfrentar en tiempos venideros.
Otro motivo viene dado porque el diseño de la nueva gobernanza fiscal europea parece que girará en torno a un objetivo último de deuda pública como porcentaje del PIB.
En el caso de los años 2020 y 2021, desde la Fundación se aprecia un efecto «nítido» de las variaciones en el PIB nominal y de los intereses de la deuda sobre la acumulación de esta.
Pero en el caso de las comunidades los autores han detectado, además, que la evolución de su endeudamiento no se corresponde del todo con su necesidad o capacidad de financiación. Se evidencia, más bien, que una parte considerable del nuevo endeudamiento neto de las comunidades ha venido dado por la adquisición de activos financieros, esto es, acumulación de tesorería principalmente.
Por ello, dado el volumen actual de endeudamiento de las administraciones, desde Fedea se insiste en que los esfuerzos de consolidación fiscal requeridos a medio plazo son de «una magnitud considerable».
