«No hay nada contra mi cliente», insiste Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, procesado por la jueza Beatriz Biedma por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias una vez que se ha cerrado la fase de instrucción. A Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se le considera responsable y partícipe en la creación y adjudicación de una plaza ‘a medida’ en la Diputación de Badajoz que salió a concurso y para la que hubo proceso de selección con 11 candidatos. El pasado lunes 28 de marzo la magistrada Biedma hizo público su auto en el que especificaba la responsabilidad de todos los implicados en el caso, entre los que se encuentran Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños.
Ahora, el siguiente paso, que será crucial, lo tiene que dar la fiscalía. Si no presenta formalmente acusación contra los procesados (cuenta con un plazo de 10 días desde la publicación del auto), no habrá juicio oral y nadie se sentará en el banquillo de los acusados. De lo contrario, el proceso seguirá adelante con las acusaciones de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La de malversación, que también se barajó en un principio, se ha quedado ya fuera.
«Hasta el último momento»Ante este contexto, por parte de la defensa, el abogado de Sánchez dispone de un plazo de cinco días (desde el pasado 28 de abril) para presentar recurso. Tiene claro que lo hará porque, insiste, «no hay absolutamente nada». Y asegura que va «a luchar hasta el último momento» para que no haya juicio oral.
Habría que recordar que la investigación se ha centrado en la designación de Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz tras conseguir el puesto de Coordinación de Conservatorios de música, si bien en la última fase la jueza también ha indagado en la contratación de Luis Carrero, quien desde principios de 2024 ocupa igualmente una plaza en la diputación como coordinador de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. La magistrada dice que el fichaje de Carrero ha podido servir para dar cobertura de legalidad a la «satisfacción» de las «referencias personales» de David Sánchez una vez llegó a un puesto que habría sido creado expresamente para él en la Institución provincial.
Por otra parte, la jueza descarta la existencia de delitos contra la Hacienda Pública y de enriquecimiento ilícito.
