Los magistrados afectados, según la formación morada, son propio presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, y del magistrado también designado a propuesta del PP Antonio Narváez, precisamente los que tendrán que abandonar el órgano si prospera la reforma y toman posesión sus dos sustitutos, designados hace unas semanas por el Ejecutivo. Estos dos nuevos magistrados son el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex asesora en Moncloa Laura Díez, y su entrada en el órgano supondrá un cambio de mayoría en el mismo, hacia posiciones más progresistas.
De este modo, los socios de Gobierno se suman a las pretensiones de los de Pedro Sánchez, que también ven fundamental que el asunto de las recusaciones de estos dos miembros del Pleno se discuta antes de que se empiece a abordar la medida cautelar solicitada por el PP dirigida a frenar -ahora en el Senado-, la reforma legal dirigida a acelerar la renovación del propio órgano de garantías.
Las enmiendas impugnadas por los de Alberto Núñez Feijóo reforman dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial (LOPJ) y la que regula el funcionamiento del propio Tribunal Constitucional (LOTC), pero han sido introducidas en la reforma del Código Penal que se tramita estos días para modificar, entre otros delitos, la malversación y derogar la sedición. Por esta razón, el PP considera que el procedimiento legislativo elegido es inconstitucional y pide al TC que lo paralice, algo que no ha ocurrido jamás con ningún procedimiento vivo en las Cortes Generales.
Concretamente, el grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha presentado este lunes dos escritos al Tribunal Constitucional, a los que ha tenido acceso El Periódico de España.
¿Deber de abstención? En el primero, solicita que el TC eleve al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea la vulneración del principio de imparcialidad en el que incurren los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez y se pronuncie sobre su deber de abstenerse -sin esperar a que se les recuse- y si de incumplirse este deber de abstención, sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de las actuaciones.
«Resulta del todo incuestionable que quien tiene su mandato caducado es afectado directo por la norma cuya tramitación han impugnado los recurrentes y ello es así por el simple hecho que de promulgarse dicha reforma legal dejarán de ser miembros del Tribunal Constitucional y, por tanto, perderán su actual posición, emolumentos y prerrogativas así como el poder de decidir en el sentido que consideren o al que se hayan comprometido», explica el texto.
En el segundo escrito presentado, Unidas Podemos recuerda al Tribunal Constitucional que se encuentra pendiente una resolución de reconsideración a la Mesa del Congreso, lo que supone que el recurso de amparo presentado por el Partido Popular es claramente prematuro por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva que debe ser inadmitido de plano.
En el escrito, el grupo confederal insiste además en evidente la afectación del derecho a la participación política que conllevaría la suspensión jurisdiccional de una iniciativa parlamentaria y recuerda que el recurso inicial del PP hacía referencia a la necesidad de la petición cautelarísima por la votación en el Congreso, la cual ya ha tenido lugar, lo que hace perder el objeto de dicha petición que debe ser inadmitida. También recuerdan que en 2007 dos magistrados se abstuvieron de debatir y votar un recurso sobre la reforma de la LOTC, un supuesto muy similar al actual.
Paralizar ahora en el Senado Estos escritos se suman a los presentados en los últimos días, entre los que figura el del PP ampliando su petición inicial para que, una vez superado el trámite en el Congreso el pasado jueves -con un total de 184 votos a favor-, la paralización de la reforma se produzca antes de que el asunto se vote en el Senado el próximo jueves 22. Consideran los populares que el asunto no ha perdido objeto.
Por su parte, y mediante cuatro escritos remitidos también en las últimas horas, tanto los diputados como los senadores socialistas inciden en que parar la reforma vulnera derechos políticos y se suma a las recusaciones presentadas por su socio de Gobierno contra dos de los magistrados. De apartarse González-Trevijano y Narváez, la mayoría del TC sería entonces progresista (de cinco frente a cuatro), algo clave en el resultado de las votaciones.
Solicitan, al igual que sus socios de Gobierno, que el asunto de las recusaciones se sustancie antes de abordar la medida cautelar en sí, algo que será nuclear en el debate que está previsto que comience en el Tribunal a las 10.00 de esta mañana. Fuentes jurídicas consultadas por este diario discrepan de que solo se pueda hablar de afectación en el presidente y Narváez, pues la reforma –que también alude al papel del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dado que le corresponde designar a otros dos magistrados– por lo que debería considerarse que también están directamente afectados el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el conservador Santiago Martínez-Vares, igualmente pendientes de ser renovados desde el pasado mes de junio.
