La división entre los países de la UE por la revisión del presupuesto a largo plazo del bloque, que cubriría los próximos cuatro años hasta 2027, mantiene bloqueado el nuevo paquete de 50.000 millones de ayuda a Ucrania después de que la cumbre que los líderes tuvieron este jueves no sirviese para acercar las posturas de las capitales.
El texto adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sólo incluye una frase sobre la revisión del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 que invita a «seguir avanzando con vistas a lograr un acuerdo global para final de año», a pesar de que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quería que los Veintisiete dieran orientaciones concretas a sus ministros para seguir negociando.
Aunque la gran mayoría de las capitales apoya el nuevo programa de asistencia a Kiev (solo Hungría se desmarca en este punto), la Comisión Europea también pidió nuevas aportaciones a las arcas europeas para hacer frente a cuestiones como los flujos migratorios (15.000 millones), la subida de los intereses de la deuda de recuperación (19.000 millones) o inversiones en tecnologías limpias (10.000 millones), así como para gasto en personal y administración (1.900 millones).
Esto no convence a un amplio grupo de países liderado por Alemania y Países Bajos, que incluso invitan al Ejecutivo comunitario que preside Ursula von der Leyen a presentar un nuevo proyecto presupuestario y a buscar financiación para estas cuestiones dentro de los recursos con los que ya cuenta el presupuesto.
En este sentido se expresó, por ejemplo, el canciller alemán, Olaf Scholz, quien consideró a su llegada a la reunión de los líderes que “no se han agotado las posibilidades que proporciona una priorización de los programas de gasto del presupuesto europeo”.
«Lo que está en la mesa no es aceptable para nosotros», zanjó por su parte el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, quien también abogó por utilizar recursos no utilizados «en lugar de pedir a las Estados miembros contribuciones más grandes» a las cuentas europeas y más tarde reconoció que las posiciones de las capitales están aún «muy alejadas».
Países Bajos cree que, además de utilizar los fondos no asignados hasta el momento, podría hacerse una reasignación de ciertas partidas, trasladando financiación hacia aquellas que se consideren prioritarias, según fuentes diplomáticas.
Esto podría derivar en recortes de partidas como los fondos agrícolas de la PAC o los fondos de Cohesión, que representan alrededor de dos tercios del MFP, pero se encontraría con la oposición de países como España, que no quiere ver reducidas sus asignaciones dentro de estos programas.
Por otro lado, las capitales más reacias a aportar más recursos a las cuentas comunes también plantean la posibilidad de desgajar la ayuda a Ucrania del resto de partidas de gasto que Bruselas quiere aumentar, con el objetivo de que no quede estancado el nuevo programa de asistencia a Kiev que prácticamente todas apoyan.
Consciente de las dificultades para sacar adelante este expediente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno, como presidencia de turno de la UE, se va a implicar para que esta negociación y también la correspondiente a las nuevas reglas fiscales «culminen con un acuerdo antes de que finalice el año».
En efecto, el objetivo de los Veintisiete es tener preparada la revisión del Marco Financiero Plurianual para que pueda entrar en vigor en las cuentas de 2024 y diversas fuentes coinciden en afirmar que el momento clave será la cumbre prevista para los días 14 y 15 de diciembre.
El tiempo por tanto es ajustado para cerrar el expediente antes de que finalice el año, puesto que la revisión presupuestaria también debe ser pactada con un Parlamento Europeo que, lejos de los recortes al proyecto de la Comisión que quieren aplicar muchos países, piden incrementar las arcas comunitarias en 10.000 millones adicionales.
