Coincidiendo con la escalada de tensión diplomática entre Estados Unidos y Ucrania, el Rey Felipe VI ha querido mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. Durante la tradicional cena de bienvenida al Mobile World Congress 2025 (MWC), que empieza este lunes, Felipe VI ha asegurado que las razones para condenar la invasión rusa siguen hoy «muy vigentes» y ha recordado que esta es contraria a la «legalidad internacional y a la Carta de Naciones Unidas».
Por este motivo, ha querido mostrar el «apoyo» de España a Ucrania y a su derecho a lograr una paz «justa y duradera», y también le ha reconocido su derecho a la «legítima defensa» y a la «integridad territorial». Un mensaje que llega después de la fuerte bronca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien acusó de «estar jugando con la vida de millones (de personas), con la Tercera Guerra Mundial».
Justamente, la ausencia más destacada de la cena ha sido la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha desplazado hasta Londres para asistir a la cimera de líderes europeos para abordar la situación de Ucrania, aunque sí asistirá a la inauguración del congreso este lunes.
Sí ha acudido al Museu Nacional d’Art de Catalunya el president de la Generalitat, Salvador Illa, que también ha aprovechado para pedir una paz duradera para Ucrania. Y, a diferencia de los últimos años, cuando la Generalitat era de signo independencia, esta vez el president del Govern sí ha participado en el besamanos con el Rey.
También han estado presentes el president del Parlament, Josep Rull, la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, los ministros Jordi Hereu y Óscar López, los consellers Miquel Sàmper y Alicia Romero y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y el del L’Hospitalet de Llobregat, David Quirós.
La edición de este año reunirá a más de 100.000 visitantes y 2.700 expositores, con la inteligencia artificial y los avances en redes de alta capacidad como ejes centrales de su programa. Se estima un impacto económico para la ciudad de Barcelona de 550 millones de euros.
