España lleva meses a la cola de la Unión Europea en lo que se refiere a la transposición de directivas europeas al ordenamiento jurídico nacional. Y todo apunta a que seguirá siendo así. Según la Oficinal del Parlamento Europeo en España, actualmente hay casi una treintena de directivas que ya han cumplido el plazo máximo establecido para que España las introduzca en su legislación. Esto contrasta con que cerca del 50% de las leyes que aprobó el Congreso en 2024 contenía directrices o decisiones europeas.
Actualmente, España es el país con más procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea por no transponer directivas europeas o no hacerlo de la manera correcta. En total, 90 casos abiertos. Por detrás están Polonia, con 88; Grecia, con 81; y Bulgaria, con 79. Los últimos fueron iniciados el pasado mes de diciembre. Además, según un informe de la Oficinal del Parlamento Europeo en España, hay 87 directivas europeas pendientes por transponer, de las cuales 29 ya están fuera del plazo impuesto por la Comisión Europea.
La gran mayoría de las directivas europeas que están a la espera afectan a tres ámbitos: transición ecológica; economía; y trabajo, inclusión y migraciones. El Gobierno deberá poner el foco en el primero de estos asuntos, la transición ecológica, ahora que la exvicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ocupa la vicepresidencia primera de la Comisión Europea para la Transición limpia, justa y competitiva. No obstante, España deberá transponer las 89 directivas, y todas las nuevas que se vayan aprobando, si no quiere seguir acumulando procedimientos de infracción.
El balance de 2024Además, el informe pone el foco en que el 46% de las leyes aprobadas en 2024, que fueron un total de 25, contienen derivan de directrices y decisiones europeas. Un ejemplo claro es el polémico paquete fiscal del Gobierno, aprobado a finales de diciembre, que se construyó sobre una directiva europea para establecer una imposición mínima global del 15% en el impuesto de sociedades para las multinacionales. La base fue el mandato europeo, aunque después el Ejecutivo introdujera otros aspectos.
Esta es una de las principales críticas realizadas por la oposición. Ocurrió lo mismo con la transposición de la directiva sobre intercambio de información de antecedentes penales en la que el Gobierno, con el respaldo de EH Bildu y otros socios, introdujo una enmienda que beneficiaba a los presos de ETA. O en la Ley de Paridad, con origen también en una directiva europea, y que el Ejecutivo aprovechó para eliminar la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit. En muchas ocasiones, el PP ha denunciado que estos añadidos son lo que dificulta que ellos voten a favor de introducir la directiva europea al ordenamiento español.
Las otras víasEl informe también señala que el Consejo de Ministros ha aprobado a lo largo de 2024 otros 20 reales decreto que transponen directivas o adaptan ciertos reglamentos. Sin embargo, los reales decretos, al no tener rango de ley, no tienen que ser refrendados por el Congreso. Por otro lado, la Comisión Europea aprobó 84 reglamentos en 2024, los cuales son de directa aplicación en todos los estados miembros, sin necesidad de que lo tengan que aprobar los parlamentos nacionales. Resulta curioso que esta figura, menos flexible que las directivas, es la que se está imponiendo en la forma de actuar de la Comisión Europea. Frente a los 84 reglamentos, se aprobaron 55 directivas.
