Cuando el Ejército de un país ataca infraestructuras civiles para dejar a la población sin agua, luz o comida, ¿se están cometiendo actos de terrorismo? ¿Qué se gana realmente definiendo a un país como terrorista? Ese es el debate que está dominando la agenda política internacional en los últimos días, en que las Fuerzas Armadas rusas han intensificado los bombardeos sobre distintas partes de Ucrania alejadas de la línea del frente con el objetivo claro de dañar a la población civil. De un lado está el presidente ucraniano y los países más cercanos, sobre todo las ex repúblicas soviéticas, que exigen que se califique a Rusia como Estado terrorista. Del otro, Estados Unidos y varios de los grandes de la Unión Europea, que evitan usar esa definición porque tiene consecuencias legales y estratégicas directas. La primera y fundamental, la obligación de romper todo canal de comunicación diplomático.
El cónclave de diputados de la OTAN celebrado este lunes en Madrid concluyó con una petición que urge a los países miembro y sus parlamentos a que “afirmen con claridad que, bajo el régimen actual, el Estado ruso es terrorista”. Los “despreciables” ataques deliberados contra civiles e infraestructuras “suponen actos de terrorismo contra la población y constituyen crímenes de guerra”, se lee la resolución de la Asamblea de la Alianza.
Con la última parte, los crímenes de guerra, parece haber acuerdo generalizado entre los aliados. España, por ejemplo, no sólo envía especialistas forenses para recopilar pruebas de crímenes de guerra cometidos por el Ejército invasor en lugares como Irpin, Bucha o Izium. También se ha sumado oficialmente a la demanda de la comunidad internacional contra el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya. Cuarenta países piden al fiscal del tribunal que se investiguen esos posibles crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Hay más de 40.000 casos concretos reportados en los que indagar. Ese mismo tribunal condenó como criminales de guerra, por ejemplo, a Slobodan Milosevic y Radovan Karadzic en la guerra de los Balcanes.
Pero una cosa es definir a un líder o a un Ejército culpables de crímenes de guerra y otra diferente calificarlos de Estados terroristas o que patrocinan el terrorismo. En esa categoría Estados Unidos ha incluido sólo a cuatro: Siria, que fue calificado así en 1979; Irán, en 1984; Corea del Norte, en 2017; y Cuba, en 2021. Una potestad de su “ministro de Exteriores” (secretario de Estado) cuando considera que apoyan actos de terrorismo internacional. Y entonces Washington está obligado a aplicarles tres leyes específicas, que les impone sanciones financieras, la prohibición de que las empresas estadounidenses les vendan armas o de recibir asistencia de ningún tipo.
El Congreso de Estados Unidos ha pedido en una resolución a Joe Biden y a su ministro de Exteriores, Antony Blinken, que designen ya a Rusia como Estado que patrocina el terrorismo. El presidente, sin embargo, lo ha rechazado de forma rotunda. Explica la Casa Blanca que sería contraproducente porque esa designación podría obstaculizar la entrega de ayuda a algunas zonas de Ucrania devastadas por la guerra y dificultaría la participación de empresas u ONG en un acuerdo negociado por Naciones Unidas y Turquía para exportar el grano desde los puertos bloqueados de Ucrania. Además, alegan, socavaría la “coalición multilateral sin precedentes”. Es decir, podría alienar a países que no tienen una posición tan claramente predefinida. Esto debilitaría el músculo diplomático de Washington, Bruselas y el resto de aliados a la hora de apretar a Putin.
“Entiendo la renuencia en Estados Unidos: necesita dejar algunas puertas abiertas para garantizar que haya diálogo, por ejemplo para evitar una escalada nuclear”, dice a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Charly Salonius-Pasternak, analista del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales. “Para ellos es contraproducente, y sienta un precedente con claras repercusiones diplomáticas y legales”.
Ese canal sigue abierto, como quedó de manifiesto en las conversaciones entre bambalinas durante el G-20, según cuentan fuentes diplomáticas conocedoras.
Además, si un país es sancionado por patrocinar el terrorismo por EEUU, las consecuencias se filtran a parte del tejido empresarial internacional. Se castiga a quien negocie con ellos. En estos momentos sigue habiendo empresas occidentales que mantienen relación comercial con Rusia, entre ellas al menos 20 españolas.
La persistencia de un canal diplomático es también la razón esgrimida por España. Madrid acaba de dar el plácet a un nuevo embajador ruso en España, el diplomático Yuri Klimenko, que ya fue cónsul general en Barcelona.
Un castigo, ahora El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya pidió a Occidente la designación de Rusia como terrorista tras los ataques a una estación de tren repleta de civiles el pasado mes de junio, y ha intensificado ahora la presencia de esta petición en su discurso; la última vez, este pasado lunes durante una videoconferencia con las decenas de eurodiputados de todo el mundo congregados en un hotel madrileño por la Asamblea de la OTAN.
“Para Ucrania tiene todo el sentido y es claramente beneficioso: los posibles juicios sobre crímenes de guerra se harían después de la guerra; designar a Rusia como terrorista cambia el marco a otro nivel ahora, durante la guerra, y es una forma de imponer más sanciones porque obliga a los países a cumplir con ciertas restricciones”, subraya
En Europa empieza a aumentar la presión. Aunque presidentes como el francés Emmanuel Macron ya han rechazado explícitamente llamar a Rusia terrorista, el Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de designarlo “Estado promotor del terrorismo que usa medios terroristas”, en una resolución que ha contado con el apoyo de los grupos mayoritarios de la Eurocámara, con 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones.
La UE no tiene un marco legal que concrete las implicaciones de considerar a un Estado como terrorista, al contrario que Estados Unidos. Por eso, el Parlamento ha pedido también que se desarrolle un tal mecanismo con medidas restrictivas, como por ejemplo un embargo total a las importaciones de hidrocarburos y uranio ruso o abandonar del todo los gasoductos Nord Stream 1 y 2, además de castigar a sectores como los diamantes y aumentar las sanciones contra las criptomonedas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tomado nota de lo decidido por el Parlamento y ha acusado verbalmente a Putin de llevar a cabo “ataques terroristas” contra la población civil.
Lituania ya ha dado el paso. Reconoció en junio que el uso que hace Rusia de la violencia contra civiles para conseguir sus objetivos políticos es terrorismo. Instó a otros países a hacer lo mismo. “Durante años, Rusia ha apoyado y financiado a regímenes y organizaciones terroristas”, se leía en el comunicado de la Saeima, el Parlamento lituano. “Ha sido el mayor suministrador de armas del régimen del presidente de Siria Bashar al-Assad, y ha atacado países soberanos, incluyendo el envenenamiento de la familia Skripal en territorio de Reino Unido o el derribo del avión de Malaysia Airlines MH17, que costó la vida a 298 personas”.
Moscú se ha mofado de todas estas iniciativas. Ha calificado a la Eurocámara como organismo «patrocinador de la idiotez». El grupo de mercenarios Wagner ha enviado una maza con trazas de sangre falsa a la sede del Parlamento Europeo, una amenaza explícita: es con golpes de mazo en la cabeza como este grupo apoyado por el Kremlin ejecuta a traidores y enemigos.
