El secretario general del sindicato Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pasado esta semana por Málaga. El pasado jueves intervino en la asamblea comarcal de CCOO en Antequera para presentar propuestas en materia de vivienda, dependencia, empleo o movilidad. Sordo, que encabeza el sindicato desde 2017, habla en esta entrevista con La Opinión sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el efecto de la reforma laboral, el objetivo del pleno empleo, las viviendas turísticas o la falta de mano de obra en algunos sectores.
-CCOO y UGT reclaman la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y acusan a la patronal CEOE de bloquear las negociaciones ¿Hay argumentos económicos y de productividad para oponerse a esta reducción?
-Creo que no hay argumentos ni técnicos, ni económicos, ni de productividad para oponerse a una cosa tan de sentido común como es reducir la jornada legal de trabajo, 41 años después de que se hiciera por última vez (fue en 1983). La oposición de las patronales tiene más que ver con mantener los márgenes empresariales. A nadie se le escapa que la economía, la empresa y la sociedad ha cambiado muchísimo en 41 años y lo normal es que el tiempo de trabajo acompañe lo que ya hemos hecho en la negociación colectiva porque, no lo olvidemos, en España la jornada media efectiva es ya de 38,2 horas.
-Los empresarios piden que se respete el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva y hablan del mayor coste que supondría para las empresas, sobre todo pymes.
-Argumentos parecidos para oponerse se dieron con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). También se dijo que había razones de productividad, que la economía española no se podía permitir ese incremento y que se iban a destruir cientos de miles de puestos de trabajo. Y lo cierto es que en cinco años, la subida del SMI ha sido del 54% y España tiene el récord histórico de personas cotizando a la Seguridad Social. Esos argumentos, que se han caído, lo que pretendían era mantener salarios mínimos muy bajos y jornadas laborales muy altas como una forma de garantizar excedentes y beneficios empresariales de una forma, pienso, muy perversa.
-La ministra Yolanda Díaz ya ha avisado a CEOE y Cepyme de que aprobará la reducción a 37,5 horas por decreto si no logra su apoyo.
-Soy muy escéptico respecto a la posibilidad de un acuerdo con CEOE. Sería bueno que fuera así, porque luego trasladar esto a las empresas es más sencillo. Hablamos no solo de reducir el tiempo de trabajo, sino de adoptar medidas efectivas para el control horario y de pactar cómo se distribuye el tiempo de trabajo. Pero si la CEOE no mueve la posición (y hasta ahora está en una actitud intransigente y de bloqueo) pienso que a la negociación no le queda mucho más recorrido. En ese escenario me temo que nos vamos a ver y, seguramente, con movilización sindical en el horizonte de las próximas semanas. Los sindicatos vamos a exigir al Gobierno que tome posición y a los grupos políticos también.
-La reforma laboral, aprobada hace dos años, ha mejorado la estabilidad laboral aunque se siguen firmando muchos contratos a tiempo parcial y han crecido mucho los fijos discontinuos ¿Está satisfecho o hay que avanzar?
-Las dos cosas. La reforma laboral afrontó algunos de los problemas más crónicos del modelo español, sobre todo el uso sistemático de la contratación temporal. Esto generaba problemas en muchos sectores y ahí se ha dado una respuesta adecuada: hemos reducido la tasa de temporalidad a la mitad y hemos convertido la gran mayoría de los contratos temporales estacionales al contrato fijo discontinuo, que genera más derechos para los trabajadores. La duración media de los contratos es mayor y quienes menos ganan, también con la subida del SMI, son los que más poder adquisitivo han podido recuperar. Son buenas noticias, pero queda mucho por hacer. El uso sistemático de la contratación parcial encierra muchas veces jornadas de trabajo que se alargan de forma fraudulenta y no se declaran, y horas extras que no se pagan.
-¿Ve factible alcanzar la cota del pleno empleo?
-Veo posible acercarse a ello en el medio plazo, teniendo además en cuenta cómo va a evolucionar la curva demográfica del país, pero se tienen que dar algunos condicionantes. Si se emplean adecuadamente los recursos públicos a través de la transición energética y digital, se pueden generar muchos más puestos de trabajo. Hay que movilizar la inversión productiva en sectores estratégicos de futuro y sacar inversión improductiva y rentista, que empieza a ser un lastre económico en España. La reducción del tiempo de trabajo también redunda en la generación de empleo. Hay estudios que dicen que el 25-30% del tiempo de trabajo que se reduce acaba convirtiéndose en nuevas contrataciones. Por tanto, si se hacen las cosas bien y no hay inestabilidad global fuerte, España puede bajar del 10% de paro y situarse en un 6%-7%, que ya puede considerarse como un paro estructural. Ese debe ser el objetivo de país.
Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha pasado esta semana por Málaga, / L. O.
-La economía marcha bien, ¿es momento de subir los salarios a mayor ritmo para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la escalada de la inflación?
-Sí, estamos convencidos de ello. Las empresas, en general, están acumulando beneficios y excedentes como no han tenido en muchos años. Y es el momento de canalizar una parte a los salarios y a la inversión. En los últimos años se está demostrando que la mejora de salarios es un factor clave en el mejor comportamiento de la economía española. Aquí también se ha roto algún mantra neoliberal según el cual había que elegir entre crecimiento y redistribución de la riqueza y de la renta. Estamos demostrando que una redistribución a través de los salarios favorece un crecimiento sostenible. El salario medio en España está subiendo el 5% y hemos tenido dos grandes problemas que han lastrado esa subida: el pico de inflación tras la guerra de Ucrania, que ha hecho sufrir muchísimo a las familias, y el desproporcionado precio de la vivienda, que se está comiendo como un agujero negro las mejoras salariales de millones de españoles.
-Supongo que les inquieta el concepto del trabajador ‘pobre’, aquel que, pese a tener un empleo, no llega a fin de mes.
-Así es, seguramente hace unos años era impensable, pero hoy en día es perfectamente posible encontrar a trabajadores que teniendo un puesto de trabajo, a veces incluso a jornada completa, están prácticamente por debajo del umbral de la pobreza o no cubren los consumos básicos, producto del incremento de los precios y, sobre todo, de esa renta que absorbe el pago de una hipoteca o de un alquiler abusivo. Por tanto, se da esa figura tan contradictoria del trabajador ‘pobre’. Hace décadas se pensaba que la pobreza necesariamente estaba ligada a la exclusión social y al paro. Bueno, pues hoy no necesariamente es así.
-El acceso asequible a una vivienda se ha convertido es uno de los grandes problemas sociales y económicos del país ¿Qué proponen para contener los precios?
-No se va a poder lograr solo con una medida de corto plazo. Hay que tomar varias a la vez, coherentes y durante un periodo de tiempo. A la juventud que se emancipa pasados los 30 años no se le puede decir que hay que construir casas y que, ya dentro de 5 o 10 años, veremos si ha bajado el precio. Yo creo que hay que declarar zonas tensionadas en cumplimiento de la Ley de Vivienda, topar los precios de los alquileres en esas zonas y, a partir de ahí, bajar los precios para que no supongan un 30% más de los ingresos medios. Pero eso son medidas de emergencia que tampoco solucionan el problema, sólo lo palían temporalmente. No puede ser que la gente haga esfuerzos del 40% o 50% de sus ingresos para pagar, sea un alquiler o una hipoteca.
-¿Que más entonces?
-Hay que adoptar programas que movilicen vivienda a precios asequibles, bien vacías o bien viviendas que ya se estén usando para alquiler o compraventa. Se trata, más que de demonizar al propietario que pueda tener una o dos casas en alquiler, de favorecer medidas de seguridad sobre el estado de las viviendas y cobro de los alquileres a cambio de tengan precios sociales. Y a largo plazo hay que promover la construcción de viviendas en régimen de alquiler y a precios tasados, con lucros limitados para las promotoras y constructoras. Las administraciones tienen que poner suelo público a su disposición y buscar palancas de financiación. Y pienso que la vivienda social que se construya no debe ser desclasificable. En España podríamos tener un parque de viviendas sociales del orden de los 3 millones, pero de ellas 2,7 millones se han desclasificado como VPO y forman parte ya de la rueda de la especulación del precio de la vivienda. Es un disparate lo que se ha hecho en los últimos 40 años.
-El diagnóstico de los constructores es que falta oferta y que las tramitaciones urbanísticas deben ser más ágiles para construir rápido y responder así a la demanda.
-Situar solamente ahí el problema es de risa, porque España ha sido un país en el que antes del estallido de la burbuja financiera de 2008 construíamos cada año más viviendas que Alemania, Francia e Italia juntas. Y el incremento del precio era disparatado también. Está demostradísimo que en el mercado de la vivienda el incremento de la oferta por sí solo no reduce los precios. A veces hay un incremento brutal de la oferta y un incremento brutal de los precios. Esto no es opinable, es que ha pasado en España: hubo una burbuja inmobiliaria. Por tanto, esas propuestas no son suficientes y, en algunos casos, son incluso contraproducentes.
-En Málaga y en muchos otros sitios ha habido una gran eclosión de viviendas turísticas, ¿qué opina en relación a este fenómeno?
-A los problemas clásicos del mercado de la vivienda en España se añade ahora la proliferación de la vivienda turística y la entrada de fondos de inversión que pretenden hacer de la vivienda una inversión especulativa de medio y largo plazo. Esto contribuye todavía más al incremento de los precios. Además, el uso indiscriminado de la vivienda turística tiene efectos terribles para las poblaciones locales: encarecen y desordenan la vida, hacen muy molesta la convivencia entre un vecino que se tiene que levantar para trabajar a las cinco de la mañana y alguien que viene de fiesta a esa hora. No se puede utilizar de forma irracional e incontrolada un bien como la vivienda para usos comerciales, haciendo competencia desleal al sector hostelero y hotelero.
-Imagino que ve a Málaga es una de las plazas con más presión.
-Sí, Málaga es uno de los ejemplos más claros que hay en España. Canarias y Baleares son otro, y en general todos los espacios que han tenido un boom turístico importante en estos años. Donde hay centros urbanos grandes, incluso aunque tengan mucha infraestructura hotelera, han proliferado de forma desordenada e irracional este tipo de viviendas que yo creo que están generando enormes problemas, incluso de convivencia, que conviene limitar y regular cuanto antes.
-¿Y qué se debería hacer?
-Es necesario limitar el uso de las viviendas con estas finalidades y ser muy taxativos, porque tienen enormes efectos contraproducentes e inflacionarios. En un típico barrio donde hay gente jubilada pero a la vez proliferan las viviendas turísticas, los precios de las tiendas y de los bares se acaban adaptando al poder adquisitivo de los turistas. Y el que vive ahí, de repente, se ve sometido a unos precios que le obligan a irse. Eso es un disparate como modelo de crecimiento y debe ser regulado. El turismo es un sector muy importante, pero no se puede llevar por delante las formas de vida y de convivencia en España.
-El turismo está alargando cada vez más la temporada alta, también por el cambio climático, lo que ayuda a la desestacionalización, pero aun así hay caída del empleo en invierno, ¿hay que diversificar más el modelo?
-La palabra clave es ésa, la diversificación. Málaga y Andalucía, España en general, no puede prescindir de un sector tan importante como el turismo, que genera tanto empleo y actividad. Sería absurdo renunciar a él, esto no lo está planteando nadie. Pero sí hay que buscar también fórmulas alternativas de desarrollo. Tenemos ahora mismo la oportunidad de buscar espacios de reindustrialización con ventajas comparativas que hace años no teníamos. Por ejemplo, la posibilidad de que España sea una potencia de energías renovables debe servirnos para atraer inversión productiva que genere industrias empleos de calidad y estables. Y lo puede hacer no solo en los clásicos focos de industrialización como Madrid, Euskadi, Cataluña sino en zonas que históricamente no han tenido una tradición industrial.
-¿Qué opina de boom tecnológico que vive Málaga?
-Se está dando en Málaga y en más zonas de Andalucía y España. Es una magnífica oportunidad de que vengan industrias que, históricamente, no se han desarrollado en España. La tecnología, la industria del automóvil de coches eléctricos… el despliegue de esta estrategia industrial tiene que servir también para compensar territorialmente nuestro país, que ha estado muy desequilibrado en este aspecto. Se trata también de que las empresas que vengan lo hagan con previsión de largo plazo, no como a veces vienen las multinacionales, que buscan retornos inmediatos para beneficiar a los accionistas, pero luego escapan rápidamente. Necesitamos una política industrial fuerte; es el momento de intentarlo.
-Las empresas del sector hostelero y turístico, de la construcción e incluso las tecnológicas dicen que no encuentra trabajadores suficientes para sus necesidades.
-Creo que, en general, el problema de las vacantes en España sigue estando más ligado a bajos salarios o a salarios que, sin ser tan bajos, no dan para cubrir el coste de la vida en algunos sitios. Es muy difícil que haya movilidad territorial con un precio de la vivienda y del alquiler tan disparatado. ¿Quién se va a mover si va a tener que dejar ahí la mitad del salario? Pues evidentemente nadie. Ya veces los empresarios no tienen que plantearse si encuentran trabajadores de la cualificación que necesitan, sino si hay trabajadores de esa cualificación dispuestos a trabajar por los salarios, a veces de miseria, que se siguen ofertando. Ya no hablamos solo de la hostelería o el campo, que a veces son los sectores recurrentes; hay ingenieros o sanitarios que se van de España porque los salarios en otros países de Europa son el doble de lo que se pagan aquí. El problema entonces no es tanto de vacantes como de condiciones laborales.
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