Para visitar Bután hay que pagar una tasa de 100 dólares -unos 92 euros al cambio actual- por persona al día. Este pequeño país conocido por no medir su PIB, sino su Índice de Felicidad Nacional Bruta busca, así, un turismo responsable y sostenible que contrasta con la masificación en las subidas al Everest de su vecina Nepal. El caso de Bután es extremo, pero el debate sobre los límites del turismo empieza a ser cada vez más común en los principales destinos. Es el caso de Ámsterdam, Venecia o Atenas. También de muchas zonas de España, en las que se ha generado un creciente rechazo social contra la masificación del modelo actual.
La última muestra de este malestar ciudadano se produjo el pasado fin de semana en Palma de Mallorca y congregó a 20.000 personas. «Buscamos medidas de decrecimiento. Limitar la llegada de vuelos y de cruceros, recortar la compra de vivienda a extranjeros y restringir más la oferta de pisos turísticos», explica Jaume Pujol, portavoz de la plataforma organizadora de la manifestación ‘Menys turisme, mes vida’. La queja de los mallorquines se ha repetido en muchos municipios, como Barcelona, Tenerife o Málaga durante los últimos meses. España fue el segundo país más visitado del mundo en 2024 con 85 millones de visitantes extranjeros, y este año podría recibir 10 millones más, lo que le llevaría a pelear con Francia por el primer puesto del ‘ranking’. La pregunta es si es sostenible la llegada de 100 millones de turistas.
La mayoría de los expertos consultados -incluidos Gobierno, empresarios, sociedad civil y agentes sociales- coinciden en que la respuesta depende del cuándo (si los turistas vienen en verano o durante el resto del año), del dónde (si buscan el masificado ‘sol y playa’ u otros destinos) y del cómo (qué tipo de turismo realizan). «A día de hoy, la llegada de más turistas en las mismas temporadas y a los mismos destinos es insostenible. Pero tampoco me atrevo a decir cuál sería la cifra sostenible», reconoce el vicepresidente del lobi turístico Exceltur, José Luis Zoreda. Esta organización, que reúne a gigantes como Amadeus, Meliá o Iberia, cree que en cada destino cabe «el número de turistas que la sociedad entienda que mejora su calidad de vida» y eso implica diseñar medidores «más sofisticados».
Fuentes de la Secretaría de Estado de Turismo afirman que ya trabajan en «indicadores que valoren otros impactos, por ejemplo, en términos de redistribución de rentas y también ambientales». «Gobernar el turismo significa impulsar la sostenibilidad, regular la oferta y monitorizar y limitar aquella que no aporte valor, siempre atendiendo a las singularidades de cada territorio. Aquello que puede suponer una oportunidad en un determinado destino puede suponer una amenaza para la calidad de vida de los residentes en otros de mayor afluencia», añaden estas fuentes. A partir de aquí, se amontonan las recetas para un nuevo modelo, que van desde limitar la demanda, establecer moratorias a la construcción, subir precios, fijar nuevas tasas o prohibir las viviendas turísticos.
Pisos turísticos El turismo supone el 13,4% del PIB y el 16,3% del total de afiliados a la Seguridad Social, con tres millones de trabajadores. Y este año se prevé que esta industria aporte 200.000 millones a la economía española, pero la sensación es que esa riqueza no llega a la gente. «Baleares padece una fuerte estacionalidad, con diferencias muy grandes entre el empleo en verano e invierno. Pero la inflación y la subida del precio de la vivienda ha empeorado esa situación. Ahora faltan trabajadores para hacer frente al volumen de turistas, lo que supone que los que están tienen un trabajo más precario», denuncia la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO de Illes Balears, Silvia Montejano.
El sector hotelero se muestra dispuesto a mejorar estas condiciones, pero también convencido de que la solución no pasa solo por mejorar los salarios, sino por eliminar las viviendas vacacionales, que se han disparado en los últimos diez años con la entrada en acción de plataformas como Airbnb o Booking. «En Canarias, la planta hotelera ha decrecido en 60.000 plazas desde 2013. La vivienda vacacional ha duplicado las llegadas e incrementado el precio de la vivienda, mientras las infraestructuras (carreteras, hospitales o parques) no han crecido al mismo ritmo. Es un problema de ineficacia de las administraciones públicas», asegura el presidente de la Confederación Española de Hoteles (Cehat), Jorge Marichal.
Barcelona prevé eliminar la oferta de viviendas turísticas a partir de 2028 y Madrid no permitirá la conversión de locales comerciales en viviendas de este tipo. Además, el Gobierno central ha planteado que las comunidades de vecinos puedan vetar este tipo de arrendamientos en sus fincas. Pero Nueva York, que prohibió esta actividad en septiembre, no ha notado una rebaja del volumen de visitas. «El interés turístico por la ciudad sigue intacto, lo único que se ha conseguido (la prohibición) es que el precio de las plazas hoteleras se dispare y que la demanda de viviendas turísticas se desplace a otros núcleos urbanos cercanos», defiende Alfonso Merás, presidente de Madrid Aloja, asociación con 300 gestores de alquiler vacacional con más de 4.500 viviendas.
Subir los preciosLos empresarios saborean las mieles del éxito tras el desierto pandémico con un crecimiento del gasto que dejan los turistas (22%) que duplica el aumento del volumen (13%) y la previsión de alcanzar los 132.500 millones de euros este año, pero con un regusto agridulce por el temor a morir de éxito. «Hay que gestionar el volumen. En algunos casos será subiendo precios y en otros casos será una cuestión de cupos, perdiendo el concepto de improvisación y planificando más las visitas», afirma José Luis Zoreda. Subir precios suele frenar la demanda, pero desde la pandemia «se han modificado las pautas de consumo y destinar una parte del presupuesto a las vacaciones se ha convertido en algo relevante para las familias», según el profesor del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade, Pedro Aznar. «Si los precios siguen subiendo llegará un momento en el que la gente no se lo podrá permitir o no se lo querrá permitir», añade.
A su juicio, lo óptimo sería utilizar las «herramientas fiscales y de política pública» para crecer en infraestructuras y recursos al mismo ritmo que la actividad y poder, así revertir sus efectos más perniciosos. «Hay que pensar de qué manera se puede utilizar la recaudación de impuestos que paga el sector para mejorar las infraestructuras o el diseño urbano de las ciudades que afecta a los residentes», explica. Otra manera es a través de una tasa turística. Pero, de nuevo, el resultado no sería reducir visitas, sino actuar en mejorar los recursos con su recaudación.
Por su parte, el profesor de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense, Ignacio Ruiz, sostiene que lo primero es «tener claro qué tipo de visitante queremos». «Abrir la puerta de par en par a cualquier tipo de turista no nos interesa. Se habla mucho de turista de calidad, más dinero en menos tiempo, pero quizás no se trata del de más calidad, sino del que ve que la experiencia ha cumplido sus expectativas y querrá volver», asegura.
Poner límites En este sentido, en sector muy señalado es el de los cruceros, por la alta concentración de personas en un mismo lugar que promueve y el tiempo tan reducido en las visitas, pero desde el sector afirman que esta descripción es «una caricatura poco respetuosa con la realidad». Eso no quita que si en «ciertos días u horas existe mayor afluencia en determinadas zonas que pueda suponer un problema» estén dispuestos a modificar su hábito si así lo traslada el ayuntamiento de turno, afirma el director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros en España (CLIA, por sus siglas en inglés), Alfredo Serrano. El impacto de los cruceros sobre el conjunto del sector es limitado. Barcelona es el principal puerto de Europa, pero los cruceristas apenas representan el 4% del total de viajeros de la ciudad, según un estudio de la Universidad de Barcelona.
«Otra cuestión es limitar cuánta gente visita una infraestructura. Sí tiene sentido evitar un número ilimitado de turistas en la Sagrada Familia o en la Alhambra. Estar en una fila india con 200 personas más tiene un impacto negativo en la experiencia del turista», sostiene Pedro Aznar. La Acrópolis en Grecia o el Machu Pichu en Perú ya lo hacen y no solo para evitar el problema social, sino también el medioambiental, que a su vez está provocando un cambio de flujos turísticos, al extender las temporadas de buen tiempo y diversificar el interés de los turistas por otras zonas, como el norte de España. Esas primeras consecuencias del cambio climático pueden parecer buenas para el sector, pero se pueden volver en contra en un país «particularmente expuesto a los riesgos físicos asociados al cambio climático», avisa el Banco de España en su último informe sobre flujos turísticos. Y el mejor ejemplo es el impacto que puede tener en las zonas de costa.
Crear áreas marinas protegidas o invertir un 1% del presupuesto público en conservación marina son algunas de las propuestas de la Fundación Marilles, entidad que se dedica a la conservación del mar, uno de los principales recursos del exitoso turismo de sol y playa.