La complejidad del debate que inició este martes el Tribunal Constitucional sobre el recurso que presentó el PP contra la denominada ‘Ley Trans’, que fue impulsada por la que fuera ministra de Igualdad Irene Montero , obliga a seguir mañana con análisis de este asunto. La intervención de los ocho primeros magistrados ha permitido constatar los escasos apoyos a la ponencia presentada por el magistrado progresista y exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que avala en términos generales la norma.
Fuentes consultadas por este diario señalan que, probablemente, mañana no habrá votación y se acordará retirar el texto, con el fin de introducir modificaciones y buscar un mayor consenso sobre la respuesta a dar a este recurso.
Ya el fin de semana pasado trascendió, tal y como informó EL PERIÓDICO, que la ponencia de Campo no podría reunir los apoyos suficientes para salir adelante. Las discrepancias habían aparecido dentro del sector progresista, lo que imposibilitaba que se alcanzaran los votos suficientes para que la ponencia fuera aprobada con la mayoría que en otras ocasiones ha venido rechazando recursos presentados por la oposición contra leyes impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según confirmó esta redacción, entre las voces discrepantes se encontraban las magistradas progresistas Inmaculada Montalbán — que es además vicepresidenta del órgano– y María Luisa Balaguer, mientras otras fuentes auguraban una batalla dialéctica relacionada con la visión de este asunto por parte de lo que se ha venido a denominar ‘feminismo clásico’, por lo que lo más probable sería la búsqueda un texto alternativo. La norma levanta suspicacias en parte del sector progresista del Constitucional por la facilidad que la norma otorga a los cambios registrales, al considerar que puede generar inseguridad jurídica.
Precisamente Balaguer y Montalbán se encuentran entre los miembros del Constitucional que intervendrán mañana, a los que se sumarán el magistrado del sector conservador Ricardo Enríquez — en principio contrario a la ponencia– y el presidente Cándido-Conde Pumpido.
Otras fuentes consultadas apuntan que la mayoría de intervinientes este lunes pusieron algún reparo al texto de Campo, por lo que consideran que quizá hubiera sido mejor retirarlo del orden del día, conociendo las discrepancias anunciadas y la complejidad del tema. «Lo más sensato hubiera sido intentar un acercamiento antes de elevarlo al pleno, me quedaría tremendamente sorprendido si saliera mañana adelante», señala uno de los magistrados consultados.
La ponencia da el visto bueno a uno de los puntos más polémicos de la ley que fueron recurridos por el PP, el que permite la modificación genital en menores de entre 12 y 16 años cuando lo pida el propio menor que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada. Sí se aceptaba declarar la inconstitucionalidad de dos aspectos menores de la norma que también fueron recurridos, referidos a medidas contra la difusión de libros y materiales docentes que presenten tesis sobre la ‘inferiorización’ de grupos LGTBI+ y por incitación a la comisión de infracciones contra la ley, como podría ser la convocatoria de espectáculos públicos o actividades recreativas que discriminen al colectivo.
