El plan de Joe Biden para perdonar a estadounidenses que se endeudaron para pagar sus estudios más de 400.000 millones de dólares de esa deuda ha sido tumbado por la mayoría conservadora de seis jueces del Tribunal Supremo. En otra decisión tomada según la línea ideológica de la corte, que ha contado con la oposición de las tres juezas progresistas, el Tribunal ha sentenciado este viernes que la Administración del demócrata ha excedido su autoridad.
Esa sentencia, además de volver a subrayar los distintos enfoques sobre el poder ejecutivo que tienen la Casa Blanca y la mayoría actual del Alto Tribunal, es un golpe para los ciudadanos que arrastran deuda estudiantil con el gobierno, que en total se ha disparado en EEUU hasta los 1.6 billones de dólares, y que ahora enfrentan la realidad de tener que volver a realizar sus pagos a partir del 1 de octubre, después de que acabe una moratoria en los pagos que se inició en la pandemia. Ese endeudamiento castiga especialmente a personas de minorías raciales, y a gente de ingresos bajos y medios.
Varapalo político La decisión de este viernes es también un varapalo político para Biden, que hizo la promesa de la condonación cuando buscaba la elección en 2020, ha hecho de la ayuda a la clase media y trabajadora un elemento central de su mandato y su campaña de reelección y contaba con movilizar voto joven con el perdón de la deuda.
Este viernes el presidente ha tildado la sentencia de “impensable” y ha asegurado que “esta batalla no ha acabado”. Esta tarde va a ofrecer un discurso, donde fuentes de la Casa Blanca han avanzado que anunciará “nuevas acciones” para tratar de contrarrestar el golpe del Supremo.
Unthinkable.
This fight isn’t over. I’ll have more to announce when I address the nation this afternoon. https://t.co/wGBuwBySB7
— President Biden (@POTUS) 30 de junio de 2023 Ya antes de esa comparecencia, ha emitido un comunicado donde se ha mostrado «decepcionado» con una sentencia que ha tildado de «equivocada». Y también ha atacado a los republicanos, que habían estado luchando contra el plan tanto en el Congreso como en los tribunales, acusándoles de «hipocresía». «No tuvieron problemas en préstamos de miles de millones de dólares a negocios en la pandemia, incluyendo cientos de miles y en algunos casos millones de dólares a sus propios negocios, y esos préstamos se perdonaron, pero cuando se ha tratado de dar alivio a millones de estadounidenses que trabajan duro hicieron todo lo que estaba en su mano para detenerlo».
El plan Biden se escudó en una norma aprobada tras los atentados del 11-S, la ley HEROES, para presentar su plan de condonación de deuda estudiantil contraída con las arcas públicas, que oscilaba en quitas de entre 10.000 y 20.000 dólares. De los 40 millones de personas que se calculó que podían beneficiarse, se estimaba que la mitad quedaría libre de toda deuda. 26 millones habían presentado ya sus aplicaciones y 16 millones habían recibido aprobación.
La implementación del plan se vio frenada por dos retos planteados ante los tribunales. Uno, por parte de dos ciudadanos de Texas, ha sido rechazado por el Supremo, pero el Alto Tribunal sí ha considerado que al menos uno de los seis estados republicanos que también lo demandaron, Misuri, tenían méritos para hacerlo.
La sentencia En su decisión en ese segundo caso, la mayoría conservadora del Supremo asegura que la ley de 2003 permite dejar en suspenso o hacer modificaciones las provisiones de pago de la deuda en respuesta a una emergencia nacional (algo que Donald Trump hizo, por ejemplo, durante la pandemia), pero “no a reescribir el estatuto desde cero”, según la opinión firmada por el presidente del Alto Tribunal, John Roberts, que asegura que es necesaria una aprobación explícita del Congreso.
“El plan del secretario de Educación ha “modificado” las provisiones en el mismo sentido en que la Revolución Francesa “modificó” el estatus de la nobleza francesa”, ha escrito Roberts citando una sentencia previa del Supremo; “las ha abolido y suplantado por completo con un nuevo régimen”.
Las tres juezas progresistas, por su parte, en su opinión de desacuerdo, firmada por Elena Kagan, han acusado a la mayoría conservadora de estar tomando decisiones políticas y no judiciales y de estar sobrepasando “su papel limitado y adecuado en la jurisprudencia de la nación”.
