El Tribunal Supremo ha blindado los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que sirvieron de base al Gobierno para vetar la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el consorcio húngaro Magyar Vagon sobre Talgo, justificando razones de seguridad nacional por la conexión entre la empresa extranjera y el régimen ruso de Vladímir Putin. La Sala únicamente ha concedido al consorcio formado por el fondo británico Trilantic, el empresario Juan Abelló y la familia Oriol, primer accionista de Talgo con el 40% del capital, acceso al resto de la documentación del expediente que determinó el fin de la operación.
En mayo, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo reclamó en una providencia el envío de todos los documentos que integran el expediente de la opa, incluidos los informes clasificados como «reservados», aunque estos serían entregados dado su carácter en mano a la letrada para que fuesen examinados con el fin de decidir que parte del contenido se puede hacer público a las partes. Esta decisión fue recurrida por la Abogacía del Estado, que puso sobre la mesa que algunos documentos habían sido elaborados por el CNI y que no podían hacerse público porque vulneraría la ley sobre Secretos Oficiales, instando a Pegaso a solicitar directamente la desclasificación de los informes al Consejo de Ministros, que se opuso al recurso de reposición.
En este recurso, la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, pone negro sobre blanco y confirma el secreto a voces de que el CNI participó en la operación. Precisamente, la sala asegura en el auto que «no tiene cumplida constancia de que existan» en el expediente administrativo documentos elaborados por el organismo de inteligencia y que «únicamente tiene noticia de ellos a través de lo manifestado por la Abogacía del Estado». En concreto, según el citado documento, el CNI es el autor de los documentos número 73 y 96 del proceso. Este periódico ha consultado al fondo Trilantic, que ha declinado responder a las preguntas planteadas por este periódico.
Los argumentos esgrimidos por la representación de la Administración del Estado fueron estimados por el Supremo, salvo el punto en el que esta pedía, en el caso de que fuesen a ser desvelados los informes del CNI, fuese la Abogacía del Estado en un trámite de audiencia la que accediese primeramente a los documentos para poder formular alegaciones sobre el alcance que podría tener su contenido. La respuesta de la sala es que aceptar esto «resultaría contraria al principio de igualdad de armas en el proceso y vulneradora del derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución». A pesar de esto último, la sala no impuso costas procesales a ninguna de las partes.
Sin noticias de Magyar VagonUn año después de que el Gobierno anunciase en el Consejo de Ministros el veto a la oferta lanzada por Magyar Vagon, la empresa húngara no ha movido ficha. En un primer momento, el consorcio liderado por el empresario András Tombor anunció acciones legales contra la decisión, pero nunca se materializaron. Fuentes conocedoras explican que la compañía extranjera sondeó a algunos de los principales despachos del país, a los que ofreció trabajar a éxito. Es decir, Magyar Vagon estaba dispuesto a ceder una parte de la indemnización que le correspondiese si ganaba en los tribunales a cambio de no pagar por su defensa durante todo el proceso. El trato no convenció a ningún bufete, por lo que se agotó esta vía.
En este tiempo, el Ejecutivo ha logrado armar una ‘contraoperación’ a la planteada por los húngaros, está sí liderada por capital nacional. Un consorcio liderado por José Antonio Jainaga, presidente de la siderúrgica Sidenor, y en el que participan las fundaciones bancarias BBK y Vital, además del Gobierno vasco y la Sepi, comprarán cerca de un 30% en manos de Trilantic y suscribirán una ampliación de capital, incluso otorgarán préstamos convertibles, para salvar la difícil situación que atraviesa el fabricante de trenes. Por el camino, el primer accionista pasará de recibir hasta 5 euros por acción a 4,15 euros fijos y un variable dependiendo del desempeño financiero entre 2027 y 2028 de 0,85 euros, aunque el cierre definitivo aún no ha llegado.
