Es una gran hipoteca que viene de lejos, que aún tardará al menos cinco años en finiquitarse y que pagan todos los consumidores de luz cada mes. Los clientes eléctricos abonan con cada recibo de luz una enorme deuda fruto de los desajustes entre costes e ingresos del sistema eléctrico que fue engordado desde los primeros años dos mil. Una deuda que los clientes tenían originalmente directamente con las eléctricas y que ahora pagan con cada factura a bancos y fondos de inversión.
El próximo año la factura de electricidad incluirá pagos por 2.310 millones de euros para cubrir ese endeudamiento, según se recoge en el proyecto de orden ministerial con la que el Gobierno prevé establecer los cargos eléctricos para 2023. Los cargos incluidos en el recibo de la luz sirven para financiar costes derivados de la política energética, como la retribución a las renovables reguladas, el sobrecoste de los territorios extrapeninsulares o, también, esa deuda acumulada.
El sistema eléctrico español acumula una deuda que a cierre de 2022 aún será de algo más de 10.000 millones -a los que han de sumarse los intereses-, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La previsión es conseguir acabar el próximo año habiendo rebajado esa deuda hasta el entorno de los 7.900 millones de euros y, en principio, conseguir saldarla por completo a finales de 2027.
Desde los años de Aznar y Zapatero Esa deuda, esa hipoteca, es consecuencia de que durante años lo que los consumidores pagaban con sus recibos de luz no era suficiente para cubrir todos los costes reconocidos del sistema eléctrico. El colosal agujero, el conocido como déficit de tarifa, creció de manera descontrolada hasta los 28.700 millones de euros. Tras 14 años consecutivos de déficits -repartidos en los últimos años del Gobierno de José María Aznar y sobre todo en los de José Luis Rodríguez Zapatero- los duros recortes de la reforma eléctrica del primer Ejecutivo de Mariano Rajoy hicieron que a partir de 2014 el sistema eléctrico empezara a acumular superávits.
Entre 2014 y 2018 los sucesivos superávits permitieron acumular un total de 1.687,5 millones de euros. Una suerte de ‘hucha’ de la luz que todos los gobiernos desde entonces han ido utilizando para cubrir los desajustes del sistema y que en la práctica se ha agotado ya. El actual Gobierno también se ha asegurado poder utilizar el superávit de 2021 para inyectarlo para tapar los posibles desajustes de este año.
En un primer momento los consumidores debían esa deuda acumulada a las propias compañías eléctricas, que eran las que durante años asumieron la diferencia en sus balances y financiaban el desfase entre ingresos y costes reconocidos. A partir de 2011, ese milmillonario roto se fue titulizando y colocando en los mercados financieros, y las eléctricas fueron cediendo los derechos de cobro de la deuda a fondos de inversión y bancos.
La gran mayoría de la deuda se cedió a través de colocaciones en el mercado que realizaba el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), pero no sólo. También hubo otro tipo de colocaciones específicas: para cubrir el déficit de 2005, el déficit de las liquidaciones de 2007, el déficit de 2013, el déficit ex ante… Y aunque inicialmente estaba previsto terminar de pagar en 2026, la realización de nuevas emisiones para dar liquidez al FADE ha alargado de momento un año más.
