El expediente de expulsión de José Luis Ábalos se le resiste al PSOE. El procedimiento se abrió hace ahora un año, al tiempo que se le pidió su acta de diputado, y sigue sin resolverse. El que fuera secretario de Organización del partido y ministro de Transportes mantiene su condición de militante, pero también sigue vinculado a la fundación Pablo Iglesias del partido, según reveló en su declaración al Supremo este jueves.
En Ferraz se trasladó hace meses que no se llegaría como militante al 41 congreso del PSOE, celebrado el último fin de semana del pasado mes de noviembre en Sevilla. Un horizonte temporal que no se cumplió y cuya dilación choca con la celeridad para pedirle el acta. A modo de cortafuegos tras el estallido del caso Koldo por la compra de mascarillas y para defender la contundencia del PSOE ante indicios de corrupción en sus filas frente a la laxitud que se achacó al PP.
En la dirección del partido justifican el retraso porque el proceso es “muy garantista” y no hay plazos marcados. Ábalos “hizo alegaciones”, argumentan las mismas fuentes para concluir que el procedimiento “sigue su curso”. Desde el entorno del exdirigente señalan que el expediente “está aparcado” y ponen en duda que pueda derivar en su expulsión si con su actual situación procesal no se ha resuelto.
Tras declarar como imputado, el juez Leopoldo López adoptó medidas cautelares contra Ábalos, con la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer ante la Secretaría de la Sala de lo Penal cada 15 días. En el auto se le imputa indiciariamente los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El expediente de expulsión se le abrió por “menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas”, con lo que el margen para probar estas causas son amplias. Al igual la segunda de las razones: actuar “en contra de los acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido”, por negarse a dejar el acta de diputado e integrarse en el grupo Mixto.
El código ético del partido fija la suspensión de militancia en el caso de la apertura de juicio oral por delitos de corrupción, pero se añade que “se podrá también acordar la suspensión cautelar automática de la afiliación en los supuestos anteriores antes del auto de apertura juicio oral en los supuestos de detención o auto de transformación del procedimiento abreviado u otras resoluciones judiciales que consideren indiciariamente acreditados estos delitos o cuando iniciada una investigación penal concurran circunstancias especialmente graves respecto de los hechos imputados que exijan esta decisión motivadamente con carácter inmediato”.
Sin contactos con FerrazDesde las filas socialistas se han roto relaciones con el que fuera uno de los principales puntales de Pedro Sánchez en las primarias donde recuperó la secretaría general. Sus contados contactos con la cúpula son por personas intermedias y mantiene cierta línea técnica con la secretaría del grupo parlamentario en el Congreso, donde salvo puntuales excepciones -como la votación para reconocer a Edmundo González presidente electo de Venezuela- sigue la disciplina de voto.
Si el expediente sigue dilatándose, desde el Gobierno se ha ido aflojando la presión sobre el exministro por parte del PSOE para esquivar el fuego cruzado. Incluso se coincide en la estrategia para desmentir las acusaciones del presunto comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama. El mensaje ahora es que “si la ha hecho que la pague”, pero deslizando dudas sobre todo lo que se le acusa y con el añadido de que “la justicia tiene que ser justa”. Eso sí, siguen entendiendo que lo mejor para el PSOE y el propio Ábalos sería que se defendiese fuera de las instituciones, dejando su escaño.
Se aferra al escañoAlgo a lo que no está dispuesto el exministro. “Voy a seguir defendiendo mi inocencia y los instrumentos que me permite esa representación [parlamentaria] para defenderme a mí y el Estado de derecho”, aseguró en su última comparecencia ante los medios en el Congreso, después de que el Supremo diese el paso para elevar un suplicatorio al Congreso e investigarlo por cuatro delitos.
Desde el inicio de su expulsión, Ábalos ha apuntado en varias ocasiones contra Santos Cerdán, quien lo sustituyó en la secretaría de Organización y que anteriormente era su número dos en Ferraz. En un primer momento, lo denunció por infringir presuntamente la ley de protección de datos. Posteriormente, lo acusó en un escrito de paralizar su expediente sin “emitir pliego de cargos alguno” y finalmente le pidió responsabilidades sobre la auditoría realizada por el ministerio de Transportes en la que se concluían irregularidades en la compra de mascarillas. Tampoco ha dejado de apuntar la existencia de «fuego amigo» en algunas informaciones en su contra.
