El PSOE ha puesto todo su empeño —y todos los recursos jurídicos a su alcance— en tratar de frenar la deliberación prevista este lunes en el Tribunal Constitucional (TC) que puede concluir con la paralización sin precedentes de una reforma en pleno trámite parlamentario, la dirigida precisamente a acelerar la renovación del propio órgano de garantías. Mediante cuatro escritos remitidos al Tribunal en la tarde de este domingo, alega que parar la reforma vulnera derechos políticos y se suma a las recusaciones presentadas por su socio de Gobierno contra dos de los magistrados.
Se trata del propio presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, y del magistrado también designado a propuesta del PP Antonio Narváez, precisamente los que tendrán que abandonar el órgano si prospera la reforma y toman posesión sus dos sustitutos, designados hace unas semanas por el Ejecutivo.
Los documentos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, han sido presentados tres de ellos por la secretaria general del grupo parlamentario socialista en el Congreso y el último por el grupo de senadores socialistas. En ellos, los de Pedro Sánchez señalan expresamente que el recurso que presentó el PP, instando la paralización de la tramitación parlamentaria de forma cautelarísima, ha sido ampliado tras la aprobación el pasado jueves de las enmiendas cuestionadas por los de Nuñez Feijóo, que recibieron 184 votos a favor en el Congreso de los Diputados.
Las enmiendas reforman dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial (LOPJ) y la que regula el funcionamiento del propio Tribunal Constitucional (LOTC), pero han sido introducidas en la reforma del Código Penal que se tramita estos días para modificar, entre otros delitos, la malversación y derogar la sedición. Por esta razón, el PP considera que el procedimiento legislativo elegido es inconstitucional y pide al TC que lo paralice, algo que no ha ocurrido jamás con ningún procedimiento vivo en el Congreso de los Diputados.
Como al PSOE no se le ha dado traslado ni siquiera de la primera petición realizada ni se les ha emplazado para comparecer ante el TC, y al considerar evidente su «interés legítimo», solicitan que se les tenga como personados.
Interés legítimo El PSOE incide en sus escritos en que el objeto de este procedimiento, y en concreto la adopción de medidas cautelares que afecten al proceso legislativo, «tendrá una incidencia directa en el derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución, de todos los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, de imposible reparación».
Añaden que este derecho «se vería violentado en el caso de no proseguir el procedimiento legislativo tal y como el mismo se ha previsto por el Congreso de los Diputados y por el Senado y por sus respectivos órganos de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en los Reglamentos de las Cámaras». Subrayan, en relación con lo inédito del recurso del PP, que este partido «no ha agotado la vía parlamentaria previa, para interponer el presente recurso de amparo».
Primero, las recusaciones De cara al Pleno de mañana, los escritos insisten en que el Pleno del TC de este lunes debería acordar en primer lugar la tramitación del asunto referido a los dos magistrados impugnados, de forma que el recurso y la medida cautelar solicitada quede suspendida «hasta que se resuelva sobre las recusaciones planteadas».
De lo contrario, argumenta el PSOE: «el procedimiento podría quedar viciado por incumplir lo dispuesto en el artículo 225 de la LOPJ, y vulnerar nuestro derecho a un juez imparcial y vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, en relación al derecho a la tutela judicial efectiva, al formar parte del órgano que debe adoptar las decisiones al respecto aquellos respecto de los que se plantea la recusación».
