El todavía presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, se ha despedido del cargo este lunes, en la toma de posesión de los cuatro magistrados designados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, alertando de que ante la Constitución «no son oponibles soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad». Y en referencia directa a lo sucedido a finales de 2022 ha añadido que no deberían hacerse «reformas apresuradas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional».
Entre el público estaban la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quienes destacaron la normalidad democrática que supone el día con la renovación del TC y la necesidad de acabar con el bloqueo que aún se mantiene en el Consejo General del Poder Judicial.
A lo largo de su intervención, en la que ha citado a Arquíloco para comparar al órgano de garantías con un erizo, «que sabe una cosa», frente al zorro, que «sabe muchas», González-Trevijano ha defendido el papel de este tribunal como garante del orden constitucional y «árbitro jurídico de las controversias entre los distintos poderes del Estado». «Pero el Tribunal Constitucional no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe por tanto constituirse en una suerte de arena agonística en la que diriman con habitualidad creciente conflictos en última instancia esencialmente políticos».
Se trata de la última intervención pública de González-Trevijano tras la entrada formal en el órgano del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, la exasesora de Moncloa Laura Díez, y los magistrados del Tribunal Supremo Laura Segoviano y César Tolosa, con los que se asegura una mayoría de sensibilidad progresista en este órgano hasta al menos junio de 2030, y además bastante holgada, de siete frente a cuatro.
Así, en relación con la soberanía del pueblo español, ha insistido en que ante el pueblo español «no caben desfasadas soberanías regias, ni superadas reservas de jurisdicción, ni tampoco paralelas soberanías parlamentarias, sin prejuicio de reconocer la primacía política de las Cortes Generales». Reconoce en este punto González-Trevijano que los meses de su mandato -desde finales de 2021-, «no han sido fáciles», aunque nunca lo sean. «No convirtamos -ha advertido-, los consensos y las mayorías cualificadas previstas en automáticos regímenes de cuotas o en un indefinido ‘impasse’. Tampoco difuminemos los pesos y contrapesos de nuestra ley fundamental, ni apresuremos reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional, ni desdibujemos la autonomía de unos órganos constitucionales frente a otros».
Sin jueces conservadores ni progresistas Durante su discurso, González-Trevijano calificó de «falsa dicotomía» entre «jueces conservadores y progresistas» y la reclamación de «imposibles unanimidades», que son «inexistentes en los demás ámbitos de la sociedad», para añadir que las «sentencias son de todos», no solo de la mayoría.
En este sentido, añadió que no es ocioso recordar que la designación de los magistrados «no implica un mecanismo de representación», porque él no representa a nadie, ni al órgano que lo eligió y debe trabajar en el tribunal de garantías de acuerdo a su propio «conciencia». «La ausencia de espurios vínculos y su indeclinable independencia son exigencias de su legitimidad de origen y de ejercicio», aseguró.
La renovación del Tribunal Constitucional se regula en la propia Constitución, en el artículo 159.3, y establece que los miembros del órgano serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres ejercicios de la siguiente forma: cuatro magistrados designados por el Senado, cuatro por el Congreso y los cuatro restantes a repartir entre el Gobierno CGPJ, que es la que acaba de producirse.
Recordar a Montoya Ahora sólo quedaría pendiente sustituir a otro de los magistrados, Alfredo Montoya, designado en su día a propuesta del PP por el Senado y que en julio dejó el tribunal por cuestiones de salud. Su nombramiento aumentará la minoría conervadora hasta un total de cinco miembros. No obstante, la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar esta plaza es el mismo que se arrastra para la designación de los nuevos vocales del Consejo del Poder Judicial, caducado hace más de cuatro años, y no parece haber visos de resolución de este asunto en lo que resta de legislatura.
Pero la incógnita más inmediata es la de quien ostentará la presidencia, algo que se conocerá en los próximos días tras celebrarse un Pleno con ya los nuevos miembros del órgano para elegir entre los dos magistrados del sector que será mayoritario -ahora el progresista- que se encuentran en el tercio de salida, y que son Cándido-Conde Pumpido y María Luisa Balaguer.
La designación de Conde-Pumpido, pese a su talla jurídica y a su reconocida capacidad, despierta una fuerte oposición entre amplios sectores del PP y la derecha judicial y mediática, debido a su cercanía a determinados postulados del Gobierno. Por su parte, la catedrática malagueña se viene postulando también para el puesto, y podría recoger las simpatías del sector más conservador e incluso de parte de los progresistas, como podría ser la nueva magistrada Segoviano.
Reacciones políticas En los momentos previos al acto de toma de posesión se produjo un hecho que todavía no se había vivido en el Constitucional: políticos de uno y otro signo quisieron hacer declaraciones a la entrada. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, remarcó el carácter de normalidad democrática de la jornada de toma de posesión de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional: dos a propuesta del Gobierno y dos del CGPJ.
Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, destacó la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que ha doblado su mandato, por la negativa del PP a pactar el relevo de los vocales, pese a que como también dijo Bolaños estaban todos los nombres acordados.
