El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado diligencias contra el juez que investiga a su mujer por presunta corrupción y tráfico de influencias, acusándole de abuso de su cargo judicial.
La noticia de los procedimientos surgió el martes por la tarde, apenas horas después de que Sánchez invocara su derecho legal a no testificar en un caso relacionado con las actividades empresariales de su esposa, Begoña Gómez.
Gómez está siendo investigado por presunta corrupción y tráfico de influencias tras una denuncia del grupo de presión Manos Limpias, un autodenominado sindicato con vínculos de ultraderecha que tiene un largo historial de uso de la justicia para perseguir objetivos políticos.
Manos Limpias ha acusado a Gómez de utilizar su influencia como esposa del primer ministro para conseguir patrocinadores para un máster universitario que ella dirigía.
Aunque la Fiscalía de Madrid ha pedido al juzgado que desestime el caso por falta de pruebas –y un informe de la Guardia Civil no encontró indicios de actividad delictiva por parte de Gómez–, la investigación sigue adelante.
A pesar de calificar las acusaciones contra su esposa de difamaciones infundadas y con motivaciones políticas, Sánchez se había ofrecido a proporcionar pruebas escritas al juez, Juan Carlos Peinado.
Pero Peinado insistió en interrogar a Sánchez en persona en su residencia oficial, el palacio de la Moncloa en Madrid, donde el primer ministro ejerció su derecho a no testificar en un caso relacionado con un miembro de su familia.
A primera hora de la tarde del martes, el Gobierno anunció que la Fiscalía del Estado había presentado una demanda contra Peinado por presunto abuso de poder.
En el centro de la denuncia se encuentra lo que califica como la decisión “injusta” y “deliberada” de Peinado de insistir en que Sánchez testificara en persona en Moncloa, en lugar de permitir que presentara pruebas escritas, como la ley permite a los altos funcionarios. Peinado ha dicho que el testimonio debía realizarse en persona en Moncloa porque quería interrogar a Sánchez como cónyuge de Gómez, en lugar de como primer ministro.
“No se trata de sugerir que alguien no debería ser investigado en nuestro sistema legal, sino de la forma en que se lleva a cabo la investigación”, dice la demanda. “En este caso específico, la investigación se está orientando a fines que están lejos de ser judiciales, y de tal manera que las decisiones se toman no por razones sumarias, sino por efectos exagerados”.
La demanda argumentó que Peinado no podía intentar interrogar a Sánchez únicamente en su calidad de esposo de Gómez porque toda la investigación se basa en lo que supuestamente Gómez hizo como esposa del primer ministro.
“No se puede separar a una persona y no se puede afirmar que una persona va a ser interrogada como marido cuando el elemento determinante de la investigación es, como hemos dicho, el hecho de que el marido de la persona investigada es el primer ministro”, indicó.
La denuncia también enfatizó que la demanda “no era un ataque al poder judicial”, sino más bien un esfuerzo por proteger la oficina del primer ministro de ataques legales arbitrarios.
“Esta demanda pretende respetar la independencia del poder judicial, pero también defenderlo de las prácticas de quienes operan por motivos políticos y al margen de la ley”, dijo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Sánchez, que ha calificado el proceso contra su mujer como “un feo montaje impulsado por los grupos de extrema derecha que están detrás de la denuncia”, hizo una pausa de cinco días en sus funciones públicas a finales de abril mientras consideraba si quería continuar en el cargo debido a lo que calificó de “operación de acoso y hostigamiento” que él y su esposa estaban sufriendo. Decidió quedarse como presidente del Gobierno.
