El Gobierno aprobó hace dos semanas un real decreto con un paquete de medidas destinadas a amortiguar en la economía española el golpe de los aranceles aprobados por Donald Trump. Son 14.000 millones de euros dirigidos a los sectores más afectados por la batalla comercial lanzada por el presidente de EEUU a los que les queda un paso más para convalidarse: la votación dentro de unos días en el Congreso.
El PP, que en este tema está con una vía de comunicación abierta con el Ejecutivo desde el primer momento, presentó al Gobierno una docena de propuestas para reforzar el escudo para las empresas afectadas por los aranceles. Entre ellas, un plan de reindustrialización, el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares y “reformas estructurales” que mejoren la competitividad del sector económico “de la mano de reducciones de costes fiscales y laborales”. Los conservadores se quejan de que no las han incluido y, por esa razón, y porque creen que el paquete aprobado es un «parche», ven «muy difícil» su voto afirmativo. La fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez esta legislatura, con Podemos y Junts apretándoles las tuercas, pone en el foco al PP, que estos días sigue moviéndose entre el ‘no’ y la abstención.
Ester Muñoz, vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del PP, afirmó este lunes que la decisión no está tomada y, en todo caso, mostró su despreocupación por que su partido pueda quedarse solo en el ‘no’ con Vox. Muñoz se quejó de que el Gobierno ya ha hecho «cesiones» a Carles Puigdemont, que reclama la cuarta parte de las ayudas totales a las empresas. El Ejecutivo niega cualquier acuerdo de ese tipo y señala que Catalunya podría obtener esa cantidad porque allí residen el 25% de todas las empresas, aunque todas ellas deberían solicitar esas ayudas para alcanzar la cifra. «Vamos a intentar hasta el final que el plan del Gobierno vaya encaminado a los españoles y no a Puigdemont. Si no es así, no es que nos vayamos a quedar solos, es que nos quedaríamos junto a los españoles», comentó sobre la posibilidad de votar ‘no’ como los diputados de ultraderecha.
