Los problemas de movilidad en la Costa del Sol se han quedado grabados a fuego en la agenda política, sobre todo después de que en julio el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos alcanzaran un acuerdo inédito. Todas las instituciones se comprometieron a impulsar el tren litoral y a la puesta en marcha de medidas para mejorar el tráfico a corto y medio plazo. A sendos horizontes, al del gran proyecto ferroviario y a las actuaciones más urgentes en carreteras y el Cercanías, se consagraron dos mesas de trabajo que empezarán a reunirse a finales de noviembre. Y a medida que se va acercando la fecha, el patio se va caldeando con el regreso de reivindicaciones como la que lleva al PP a reclamar que la suspensión o la bonificación del peaje en la AP-7 se ponga en marcha ya.
Eso sí, no es lo mismo suspender que bonificar. Y, al menos, el Gobierno ya se comprometió en la reunión de julio a estudiar bonificaciones para las que se priorizaría a los viajeros más recurrentes. Es decir, se rebajaría el precio del peaje a esos conductores habituales como los trabajadores y estudiantes que la usan prácticamente a diario para sus desplazamientos.
A debate el 28 de noviembreLo lógico es que este tema esté sobre la mesa en la nueva reunión sobre movilidad del 28 de noviembre y de presionar para que así sea se ha encargado este lunes la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. A su juicio, la que afecta a la autopista costasoleña tendría que ser «una de las primeras propuestas para atender a corto y medio plazo en relación a la movilidad de Málaga y la Costa del Sol». «La suspensión o bonificación del peaje de la AP-7 a su paso por toda la Costa del Sol hasta Algeciras tiene que estar en esa reunión, tiene que estar por una cuestión de justicia, de equidad, de sentido común, porque la movilidad no puede ser en esta área geográfica de España un bien de lujo, que además cuando llega el verano incrementa la tarifa».
Patricia Navarro, este lunes en Estepona con el alcalde José María García Urbano y otros compañeros del PP. / La Opinión
En opinión de la presidenta del PP, si esa medida para aliviar el tráfico en la A-7 no está en la próxima mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Transportes, el Ejecutivo nacional «demostraría que en verdad no tiene voluntad política y solo pretende acallar la presión social generada en torno a los problemas de movilidad en Málaga”.
“Más allá de análisis y estudios, deben traer medidas claras y contundentes a corto y medio plazo para dar solución a los flujos de movilidad de este área geográfica», recalcó Navarro.
Gratuidad en AlicanteAl pedir ‘medidas de gracia’ para la autopista de la Costa del Sol, la presidenta del PP recordó que ya existen bonificaciones del 50% del peaje en autopistas de Galicia. Y, sobre todo, aludió a la gratuidad de la AP-7 a su paso por Alicante -conocida como la segunda circunvalación de la ciudad levantina- que fue establecida de forma temporal por el Gobierno a mediados de julio, y la semana pasada fue prorrogada cuatro meses más, hasta el 15 de febrero de 2025: «No tenemos nada en contra de nuestros vecinos de Alicante, pero se genera un gran agravio y se abre una gran brecha con otros territorios que nos hace perder competitividad, no solo desde el punto de vista turístico sino también en relación a otras muchas oportunidades», apuntó Patricia Navarro en una comparecencia en la que desgranó las reivindicaciones del PP en materia de movilidad acompañada por el alcalde de Estepona, José María García Urbano.
Navarro no cuestionó que la decisión adoptada en tierras alicantinas haya sido «técnicamente estudiada» y recordó que los principales argumentos esgrimidos para darle la gratuidad coinciden con las situaciones que se dan en la Costa del Sol: «Nosotros tenemos la A7 absolutamente colapsada y necesitamos una mayor utilización de la autopista de peaje para poder descongestionar la A7».
No obstante, el Gobierno central ya aclaró en su momento que «el caso de la autopista AP-7 en la Costa del Sol es completamente diferente al de la AP-7 Circunvalación de Alicante». Así, esgrimieron como principal razón que, mientras la alicantina ya tiene una gestión pública, la malagueña «es una autopista de peaje con un régimen de gestión privado, a través de contratos de concesión entre la sociedad concesionaria y la Administración General del Estado».
Así, el Ministerio de Transportes sostiene que liberar el peaje en la Costa del Sol Occidental implica una compensación económica a la empresa concesionaria, un real decreto y una dotación presupuestaria aprobada en los Presupuestos «por lo que la situación no es la misma que la que se da en Alicante», según insistieron a este respecto el pasado verano fuentes del Gobierno.
