El macrojuicio del caso Astapa contra la corrupción política-urbanística llega hoy lunes a su recta final por unos hechos presuntamente delictivos que ocurrieron hace veinte años, después de que el Tribunal dé la última palabra a los 37 procesados, entre ellos el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos.
El Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, que ha acogido el juicio, ha citado para el lunes a los procesados a las 11.00 horas para que puedan ejercer el derecho de última palabra, según una diligencia de ordenación.
Hay cinco acusados que ya han manifestado a la Sala su renuncia expresa al ejercicio de tal derecho pero el resto están obligados a comparecer con sus respectivos letrados y cuando finalice dicho trámite el presidente del Tribunal dirá «visto para sentencia», en un juicio que arrancó en enero de 2023 con cuestiones previas. El caso Astapa siempre se le ha considerado el «hermano pobre» del caso Malaya y su instrucción y la celebración del juicio no ha estado exento de polémica, entre ellas, por las dilaciones que ha sufrido y por la posible intervención del excomisario José Manuel Villarejo.
Las defensas siempre han mantenido la teoría de la supuesta vinculación del excomisario con el inicio de la causa y su presunta manipulación para crear un procedimiento ficticio y de manera interesada para velar por sus intereses urbanísticos en el municipio sin control judicial.
Para el letrado, José Carlos Aguilera, personado en el procedimiento, el desarrollo del juicio ha evidenciado que, como consecuencia de las extraordinarias dilaciones que ha sufrido, «Astapa ya no tenía sentido, se están enjuiciando hechos presuntamente delictivos que ocurrieron hace 20 años», ha lamentado. Para Aguilera «la consecuencia es que el Tribunal ya no podrá impartir justicia: solo puede dictar sentencia, como expresión «formal» de la terminación de la causa. La Justicia hace mucho tiempo que se ausentó de este proceso», ha apostillado.
El juicio se inició en 2007 y 16 años después con casi 50 acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, exresponsables municipales entonces del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios. Se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación.
Así ha sido el juicioLa fase de juicio ha durado año y medio, con un promedio de tres sesiones semanales, lo que ya se hizo también en el caso Malaya, y ha representado un enorme esfuerzo para el Tribunal, la Fiscalía y las defensas.
Para su celebración, los magistrados decidieron celebrarlo por bloques y que sólo acudieran al juicio los acusados imputados de ese delito, método pionero en Malaya y que fue copiado mas tarde en muchos juzgados de España.
Posteriormente, en los meses de junio y julio se presentaron los escritos de conclusiones finales de las acusaciones (el Ayuntamiento de Marbella se retiró) y mas tarde llegó el turno de las defensas.
Anticorrupción mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el consistorio y aumentar el gasto público, para beneficio propio o de los partidos. Para el ministerio público dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios.
En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal rebajó de forma considerable todas las penas solicitadas inicialmente para los procesados, que no pasan de los dos años y medios de cárcel, al considerar que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas y extraordinarias de forma muy cualificada.
El ministerio fiscal acusa a Barrientos por los delitos de falsedad, fraude y malversación; de cohecho y de prevaricación, pero de diez años y nueve meses de prisión que solicitaba para este se ha rebajado la petición a dos años de cárcel. Asimismo, de un millón de euros de multa se ha pasado a solicitar 40.000 euros.
Las defensas, por contra, han cuestionado la investigación, que han tachado de «irregular». En este sentido, las letradas del exalcalde han sostenido que la causa se inició «sin control» judicial y con «continuos» contactos antes de la denuncia entre los denunciantes y agentes, como el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo, a quien las defensas dan un papel prioritario en el origen de la investigación.
