Las ayudas del Gobierno para bajar la factura de gas natural a millones de hogares están sacudiendo el mercado. El Ejecutivo está inyectando subvenciones que rebajan cerca de un 40% las facturas de los clientes con tarifas reguladas de gas y que se están financiando directamente con dinero público para amortiguar el impacto de la escalada de precios.
El Gobierno puso en marcha el pasado octubre un paquete millonario de medidas como parte del Plan Más Seguridad Energética -el plan de contingencia que exigía Bruselas a los estados miembros para combatir la crisis energética- que contemplaba limitar por ley las subidas que se pueden aplicar a los clientes con tarifa regulada de gas hasta final de 2023 y la creación de un nuevo tipo de tarifa rebajada para los hogares con calefacción central en su comunidad de vecinos.
El Gobierno cubre con presupuesto público el agujero millonario que estas medidas provocarán en las cuentas del sistema gasista español, asumiendo el coste de la rebaja aplicada a unos 2,5 millones de clientes. La aportación pública necesaria para subvencionar las tarifas reguladas de gas asciende ya a algo más de 500 millones de euros desde octubre hasta final de marzo, según los cálculos coincidentes de varias fuentes del sector energético. El Ministerio para la Transición Ecológica ha declinado hacer comentarios sobre esta información.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, cuenta con un crédito excepcional por 3.000 millones de euros para cubrir el coste de estas medidas durante todo este año, pero el Gobierno garantiza que destinará todo el dinero público necesario para sufragar su coste. “Esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado”, se indicaba en el real decreto aprobado el pasado octubre.
El Gobierno transferirá el importe necesario a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que lo inyecte a las cuentas del sistema gasista y evitar el déficit extraordinario por los menores ingresos. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están cargando con la parte del recibo que los hogares están dejando de pagar. Hasta ahora el importe destinado a cubrir la rebaja de las facturas con tarifas reguladas es de esos más de 500 millones.
Tarifas de gas subvencionadas El Ejecutivo decidió prorrogar hasta finales de 2023 el tope a las subidas que pueden aplicarse a la tarifa regulada del gas, denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) y que el Gobierno revisa cada tres meses fundamentalmente en función de la evolución del precio del gas en los mercados internacionales.
A finales de febrero había 2,5 millones de clientes acogidos a las tarifas reguladas, unos 900.000 usuarios más que los casi 1,6 millones que las tenían contratadas en septiembre. Según los cálculos del Gobierno, el tope puesto a las subidas de las tarifas y la rebaja del IVA aplicado al gas natural de los pequeños consumidores ha servido para bajar un 41% el importe de las facturas de los clientes TUR 1 (los que tienen un consumo de menos de 5.000 kilovatios hora al año) y un 37% en el caso de la TUR 2 (para los que consumen entre 5.000 y 15.000 KWh).
Como parte del plan de contingencia de medidas energéticas, el Gobierno también creó un nuevo tipo de tarifa regulada de gas a la que podrán acogerse las comunidades de vecinos que tienen calefacción central -hasta ahora no podían beneficiarse por sobrepasar el consumo máximo permitido- y que en la práctica servirá para rebajar en torno a un 50% la factura de los hogares que la contraten. Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Teresa Ribera, apenas 5.000 comunidades de vecinos se habían acogido a la nueva tarifa.
Deuda con las gasistas Para evitar que las facturas se disparasen en plena espiral de precios del gas en los mercados internacionales, el Ejecutivo estableció a mediados de 2021 que de manera temporal (en principio, sólo dos trimestres) se repercutirá un máximo del 15% del coste de la materia prima en las revisiones de octubre y de enero de la tarifa regulada, lo que en la práctica suponía limitar la subida del precio final en torno a un 5%.
Los pequeños consumidores de gas acogidos a la TUR se salvaron así, en los peores momentos de precios en máximos históricos del gas, de las fuertes subidas que se habrían reflejado en su factura si no se hubiera topado las subidas trimestrales. Hasta el pasado octubre esa diferencia entre lo que debía subir la factura y lo que realmente subió se convertía en deuda con las grandes gasistas y sus clientes la fueron ido pagando de manera fraccionada.
El desfase entre las subidas que correspondía aplicar y las que realmente se aplicaron generó una deuda de algo más de 200 millones de euros con las empresas que ofrecen la tarifa regulada del gas (Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies) en los dos primeros trimestres de aplicación de la medida, según fuentes del sector. En los trimestres posteriores se fueron aplicado subidas superiores a las que realmente correspondían y así los clientes fueron reduciendo esa deuda asumida.
Esa deuda pendiente generada en el último año la seguirán abonando los clientes con tarifa regulada con el sistema que ha estado vigente hasta ahora de pagos diferidos, según confirman fuentes de Transición Ecológica. Pero el Gobierno ha establecido que todo el déficit que se genere con las nuevas medidas de octubre ahora lo asumirán los PGE para evitar que las compañías gasistas soporten en sus balances desajuste.