En los pasillos del Congreso, la titular de Igualdad ha recalcado que esta práctica es considerada en nuestro país como una forma más de violencia contra las mujeres y ha pedido no olvidar la situación de precariedad de quienes aceptan gestar un bebé a cambio de contraprestaciones. «La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España», ha comenzado Montero, que ha aprovechado para sacar pecho de la Ley del aborto salida de su ministerio. «La nueva ley de derechos sexuales y reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Les pido que no se olviden de las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro».
En el mismo sentido se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha subrayado que es una «explotación» del cuerpo de la mujer. «No estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos», ha incidido la dirigente socialista.
Cambios legales Uno de los problemas que presenta este tipo de prácticas es que, aunque es ilegal en España, existe una suerte de vacío legal si se produce fuera de nuestras fronteras y son españoles quienes viajan a otros países para llevarlas a cabo, como ha sucedido en el caso de Obregón.
María Jesús Montero se ha pronunciado sobre el debate sobre si se puede evitar que un niño nacido por gestación subrogada en otros países pueda vivir en España, y ha señalado que al comienzo de la legislatura se modificaron algunos aspectos relacionados con las inscripciones en el Registro Civil para tratar de impedir esas situaciones. Sin embargo, la ministra de Hacienda ha precisado que «cada caso concreto hay que analizarlo de forma concreta» y que, por tanto, no se podía «pronunciar en genérico».
En el Ministerio de Igualdad existen dudas sobre la posibilidad de impedir este tipo de situaciones, puesto que creen que el método disuasorio para evitar casos de gestación subrogada puede, en último lugar, dejar desprotegidos a los menores. Fuentes del departamento de Irene Montero recuerdan que los derechos de los menores de edad están especialmente protegidos. La actuación del Estado cuando el menor ya está en España podría conllevar la separación de la familia del niño, que pasaría a estar bajo la tutela estatal en centros de acogida. Una situación que, según el departamento de Igualdad, no es la idónea para afrontar estos escenarios.
Preguntado también el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha limitado a decir que están «en contra de todas estas cosas», la misma posición que ha señalado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Enrique Santiago.
«Estamos en contra de que se mercantilicen los embarazos, que se puedan vender y comprar los embarazos y la utilización del cuerpo de la mujer», ha afirmado.
