Tres años y un día después de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo publicará el próximo mes el catálogo de símbolos franquistas que contemplaba esta normativa para su retirada de las calles. «La memoria democrática puede ser plural, pero tiene que ser, lógicamente, respetuosa con los principios de tolerancia y de democracia que están incardinados en la Constitución española», ha aseverado.
Durante la sesión de control al Gobierno y a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, sobre cómo van a actuar para «acabar con la exaltación del fascismo», el jefe del Ejecutivo ha apuntado de que antes de que termine noviembre se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el «catálogo de elementos y símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas» de las calles de España. Fuentes del Gobierno apuntan a que el Consejo de Ministros aprobará en noviembre el real decreto que regula el catálogo y que, después, la elaboración de este será «inmediata».
Este catálogo está recogido en el artículo 36 de la Ley de Memoria Democrática, donde se establece que la Administración General del Estado confeccionará un listado «símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática […] y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados». Además, el catálogo podrá ser nutrido por las solicitudes que hagan las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas.
¿Qué marca la ley?En concreto, la norma especifica que se considerarán elementos contrarios a la memoria democrática las «edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública» que haga exaltación de manera personal o colectiva de «la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».
A renglón seguido, la ley detalla que «las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos». Así, se deberán eliminar este tipo de símbolos de edificios de carácter público, tanto del exterior como del interior. Y lo mismo en el caso de los edificaciones privadas o religiosas pero «con proyección a un espacio o uso público». No obstante, se exceptuarán aquellos elementos que sean de «estricto recuero privado» o cuando concurran «razones artísticas o arquitectónicas».
Suscríbete para seguir leyendo
