El camino a las elecciones autonómicas y municipales de mayo comienza su andadura con tensiones entre el Gobierno y uno de sus barones de más peso, Ximo Puig, por el agua, un asunto casi identitario en la Comunidad Valenciana. La confluencia en el tiempo de dos temas -la finalización de las ayudas al agua desalada para la agricultura y los cambios en el trasvase del Tajo Segura por la revisión de los planes hidrológicos- ha enfrentado al presidente valenciano con el Ejecutivo.
Pero en el Gobierno no acaban de entender este choque porque desde hace semanas se está trabajando en el diseño de nuevas subvenciones para abaratar el precio de las desalación. Un real decreto con subvenciones a la producción de agua en plantas desaladoras, de carácter «transitorio», hasta que el despegue de las energías renovables, en el horizonte probablemente de 2026 o 2027, consiga reducir su coste. Según fuentes del Ejecutivo tanto la Generalitat como los regantes «están informados» de que éste es el plan del Ministerio de Transición Ecológica y en la última semana del mes de diciembre se mantuvieron reuniones. En ellas, añaden, se avanzó incluso en un acuerdo sobre la cuantía de la subvención.
A la largo de este año han estado vigentes ayudas para el abastecimiento de agua de regadío destinadas a paliar los efectos de la sequía pero la mejora de las condiciones climáticas ha hecho que expiren este 31 de diciembre. Es cierto, como denuncian las asociaciones de agricultores, que sin ellas el precio del agua se triplica pero también lo es que conocen, según el Ministerio que dirige la vicepresidenta, Teresa Ribera, la inminente aprobación de nuevas subvenciones.
La previsión es que el Consejo de Ministros las apruebe a lo largo de este mes, después de «debatirla y consensuarlas con los actores implicados en las últimas semanas de diciembre».
