La ley de vivienda -o, al menos, el compromiso de redactarla- salvó la negociación de los Presupuestos en 2020. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron impulsar una normativa para regular el precio de los alquileres. Este martes se cumplen 799 días de aquella fecha y, al fin, parece que las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos, así como con el resto de socios parlamentarios, empiezan a dar sus frutos. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez (PSOE), se mostró confiada este lunes en que la ley pueda estar aprobada en las próximas semanas y fuentes moradas ven «mas cerca el acuerdo».
Las idas y venidas en torno a esta ley produjeron un auténtico culebrón en el seno del Ejecutivo de coalición con decenas de propuestas cruzadas, tiras y aflojas y acusaciones en público y en privado. En octubre de 2021 alcanzaron un acuerdo (o eso parecía) para aprobar el texto en el Consejo de Ministros. Desde entonces, el proyecto de ley duerme en un cajón del Congreso para revivir en mitad de otras negociaciones como moneda de cambio. Sin embargo, la cercanía de las elecciones autonómicas y locales ha hecho que se reactiven las conversaciones para llegar a las urnas con el compromiso cumplido.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra (Podemos), explican que las negociaciones con el equipo de Sánchez, con ERC y con EH Bildu se han producido «casi cada semana» de los últimos meses y sostienen que el acuerdo final podría estar muy próximo. Aun así, avisan que faltan por limar algunos aspectos claves para que la norma cuente con su ‘sí’: reforzar el control de los precios del alquiler y las obligaciones para los grandes propietarios de vivienda. Además, una enmienda que presentó el PSOE para desalojar a los ‘okupas’ en un máximo de 48 horas, respectando ciertas garantías sociales, y la cual rechazaron los morados, podría echar aún todo por tierra.
Acelerar los trabajos Con los trabajos bastante encauzados, la responsable de Transporte aseveró este lunes que se trata de una ley «absolutamente fundamental» para hacer frente al «auténtico drama» que se vive para acceder a una vivienda y defendió que el retraso que lleva la norma se debe a la necesidad de preparar un texto que no tenga grietas jurídicas y que ofrezca la máxima seguridad para evitar recursos de inconstitucionalidad. Aun así, la ministra ha apuntado que la norma podría estar lista en las próximas semanas.
El Gobierno ha solicitado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que habilite el mes de enero, sin actividad en las Cortes como marca la Constitución, para que se realicen los trabajos necesarios para aprobar el proyecto de ley. Es decir, que se pueda convocar a la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para redactar y aprobar el dictamen y, si diera tiempo, un pleno extraordinario antes de febrero para ratificar la norma y enviarla al Senado.
Con este calendario, la ley de vivienda podría estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en febrero, lo que no quiere decir que su despliegue vaya a ser inmediato. El grueso de la norma -la obligación de que los grandes propietarios tengan que ajustar el precio a un índice elaborado por el Gobierno- no entrará en vigor hasta 18 meses después. Así, salvo cambios de última hora, la medida no llegaría antes después del verano de 2024.