A una semana de la destitución de Pedro Castillo, todo parece estar en un limbo político en Perú: el Gobierno interino se ha visto obligado a declarar el estado de emergencia en todo el país durante 30 días para enfrentar las protestas que ya han dejado siete muertos y decenas de heridos. La decisión fue tomada para dar una respuesta «contundente y de autoridad» a la sociedad. Más allá de la medida, nadie se atrevía este miércoles a garantizar la eficacia de la medida. Se desconoce si el expresidente permanecerá en prisión, así como la fecha de las próximas elecciones, que la mandataria provisional, Dina Boluarte, propuso para abril de 2024. También es incierta la situación de ella.
Las manifestaciones y bloqueos de carreteras en favor de la libertad de Castillo, nuevos comicios y la disolución del Congreso que el maestro rural quiso cerrar y los legisladores le ganaron de mano, afectan a 13 de las 24 regiones del país. El Ejército ha intervenido para recuperar el flujo comercial y el transporte. El desabastecimiento afecta ya a varias ciudades. La Defensoría del Pueblo reclamó al Gobierno que genere un corredor humanitario para personas varadas en todo el territorio. «Castillo haría bien en llamar a la paz y dejar de desinformar a la gente», dijo la congresista de la bancada Integridad y Desarrollo, Flor Pablo Medina. «El desborde de las protestas requiere de atención inmediata por parte del Gobierno», pidió el diario ‘La República’ en su editorial.
«Los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, hombres y mujeres tenemos que mantener unidos y caminar dentro del margen legal y de la Constitución», pidió Boluarte, mientras trata de mantener el equilibrio en una escena marca por el vértigo y la inestabilidad. La presidenta interina se ha inclinado incluso a que las elecciones se realicen en diciembre de 2023. «Son las instituciones las que deben verificar todos los tiempos de este adelanto de elecciones que ya he planteado», añadió. La pelota ha caído en el campo de un Parlamento reticente a la renovación a través de las urnas, y el Consejo Electoral.
La situación de Castillo Castillo, en tanto, no deja de llamar a manifestaciones frente a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) para pedir su liberación. En una nueva carta dirigida a ese organismo aseguró: «Sigue el atropello, la humillación y el mal trato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por mis derechos y el de mis hermanos peruanos que claman justicia».
La justicia suspendió este miércoles la audiencia en la que debía decidir la prisión preventiva de Castillo y el exprimer ministro Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La sesión se retomará el jueves. Por lo pronto, Ronald Atencio, el abogado de Castillo, renunció a defenderlo.
«Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador ni corrupto ni matón. Pero quisiera dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, lucha e identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular. Desde aquí quiero exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia», dijo Castillo en una carta anterior. «Nunca cometí un delito de conspiración ni rebelión», añadió.
Advertencia El diario limeño El Comercio consideró «previsible» que los «acólitos» de Castillo, «estuvieran dispuestos también a defenderlo en su huida hacia adelante destruyendo la democracia y el Estado de derecho». Lo que a su criterio sorprende es «ver la cantidad de políticos, gobiernos y uno que otro periodista distraído de la región esparciendo la tesis absurda de que el golpista fue, en realidad, una víctima del zarpazo que todos los peruanos atestiguamos en televisión nacional siete días atrás. Como si después del golpe se hubiese instalado la irracionalidad». ‘El Comercio’ hizo referencia a la preocupación expresada por México, Argentina, Bolivia y Colombia sobre las derivas políticas y judiciales de la destitución de Castillo. «Una solicitud que pasará a la historia como uno de los episodios más cínicos y vergonzosos de la política en América Latina».
