El Gobierno prevé consolidar la figura del suministro mínimo vital, que impide los cortes de luz a los consumidores vulnerables que se acogen al bono social. Esta fórmula se creó de manera transitoria y vencía el próximo 31 de diciembre. Según consta en la adenda del plan de recuperación elaborada por el Gobierno, que remitirá el mes que viene a Bruselas, la intención ahora es afianzar esta figura dentro del apartado de medidas para reforzar la protección social y adaptarse a los efectos provocados por la guerra de Ucrania.
Con esta adenda, que incorpora 59 medidas de inversión y reformas (de las que 15 son nuevas y otras 15 son la ampliación de otras tantas previstas), el Ejecutivo aspira a obtener 7.700 millones adicionales en transferencias europeas y otros más de 84.000 millones en créditos, de los que unos 15.000 se canalizarán a través del ICO, como adelantó El Periódico, del grupo Prensa Ibérica. De esta última cantidad, 10.000 millones serán a través de la Línea ICO VERDE y 5.000 para línea ICO PYME. Las reformas incluidas en este documento de 126 páginas van dirigidas a aumentar la autonomía energética, agroalimentaria, industrial, tecnológica y digital, con iniciativas vinculadas a adaptarse a los cambios que ha provocado la invasión de Ucrania por Rusia.
El texto y las medidas previstas, que la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, detallará este jueves en el Congreso, considera que «la necesidad de mejorar el capital social es incluso más acuciante en el contexto actual, ante las consecuencias derivadas de la guerra de Rusia en Ucrania, que pueden afectar con mayor gravedad a los colectivos más vulnerables». De ahí que en la adenda se incluyan medidas «dirigidas a reforzar los sistemas de protección social, mejorar la cobertura de la atención sanitaria y facilitar el acceso a la vivienda».
En esta línea se sitúa la figura del suministro mínimo vital, así como la reforma del bonos social eléctrico o la de la tarifa eléctrica regulada (PVPC). También la agilización de la planificación urbanística implementando el plan de medidas de oferta de vivienda en alquiler». En el apartado sanitario se prevén procedimientos de inclusión de nuevos medicamentos en la financiación pública y de fijación de sus precios o el despliegue de las estrategias de salud digital.
Energías renovables Entre las iniciativas previstas está la agilización de la tramitación administrativa y la concesión de permisos de nuevos proyectos de generación renovable (en particular, de instalaciones descentralizadas y autoconsumo) y se regulará el régimen de instalación de plantas de generación fotovoltaicas flotantes. en el apartado de la «mejora del clima de negocio» se prevén modificaciones en la ley de Defensa de la Competencia y la aprobación de la normativa reguladora del estatuto de la administración concursal.
Según el documento que se remitirá a Bruselas, el impacto completo del plan llevará a un aumento del PIB del 3% de media hasta 2031. En primer lugar, a través del impulso de las inversiones públicas, que a finales de noviembre de 2022 ya alcanza los 38.000 millones de euros en crédito presupuestario comprometido por el Estado, 33.000 millones de euros de convocatorias lanzadas y 22.000 millones de euros en convocatorias re sueltas.»
De cara a potenciar la financiación sostenible, se asignarán 10.000 millones de euros a una nueva Línea “ICO Verde”. El objetivo es facilitar a las empresas las inversiones en descarbonización y su adaptación a un entorno de precios de la energía más elevados. En línea con los mecanismos ya existentes, el ICO recibirá los recursos y los prestará a las empresas a través de las entidades de crédito que voluntariamente se adhieran al programa, previa firma de convenios de colaboración con ellas. El ICO también podrá canalizar recursos de manera directa para proyectos sostenibles específicos.
Por otro lado, se asignan otros 5.000 millones de euros dedicados a la Línea ICO PYME ya existente, que permitirá mantener la financiación del tejido empresarial de pymes ante un posible endurecimiento de las condiciones crediticias, «dotando de estabilidad a la oferta de financiación del conjunto de la economía.»
El documento también prevé reforzar algunos de los PERTE que ya están en marcha, entre los que está el del vehículo eléctrico, y lanzar uno nuevo destinado a la descarbonización industrial.
