El Gobierno renuncia a implantar el pago por uso de las carreteras y no será efectivo a partir de 2024. La razón, según confirman fuentes del Ministerio de Transportes, es que no se dan las «condiciones necesarias». Ni es el momento «económico y social» idóneo, asumen, ni ayuda el «contexto político», con elecciones autonómicas y municipales en mayo y generales, previsiblemente, a finales de año.
El mecanismo de pago por utilización de las autovías está recogido en el Plan de Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, donde el Ejecutivo compromete una larga lista de reformas para lograr el desembolso de hasta 140.000 millones ATUde euros de fondos europeos. «Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento», señala el texto.
Se trata, explican fuentes gubernamentales, de una propuesta acordada con la UE, que ya se aplica en la mayoría de países, y no de una «exigencia taxativa» que condicione la llegada de fondos. Por eso se han mantenido recientemente contactos con Bruselas en los que «ya se ha adelantado a la Comisión Europea» que se aplaza.
Desde el Gobierno se sostiene que Bruselas no ha puesto ninguna pega porque «entienden» que, con las consecuencias económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania, la subida de precios y la alta inflación, «no es el momento».
Para formalizarlo, al margen de las conversaciones que ya se han existido, el Ejecutivo presentará una adenda a Plan de Transformación y Resiliencia en la que se incluirá este cambio. «No es una cuestión que ahora mismo sea prioritaria y urgente», insisten desde el Ejecutivo.
Ya no lo es, pese a que este mismo verano la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana encargó a Ineco -empresa pública dedicada a la consultoría y la ingeniería- nueve informes sobre las alternativas para financiar la red de carreteras del Estado.
EN BUSCA DE MODELOS DE FINANCIACIÓN El propio Ministerio ya tiene muy avanzado el estudio de los diferentes modelos vigentes en Europa, susceptibles de exportarse a España, pero el Gobierno ha decidido finalmente que no quiere dar este paso ahora sin intentar acordarlo con las comunidades autónomas, los partidos políticos y el sector del transporte y en medio de una larga carrera electoral, que dificulta todavía más la posibilidad de un pacto. Por eso no se prevé ningún avance en 2023, que permita comenzar 2024 con este nuevo sistema de pago.
Se trata de las mismas justificaciones que el Ministerio de Hacienda ha esgrimido para orillar la reforma de la financiación autonómica.
Pero, aunque se demore su implantación, el Gobierno de Pedro Sánchez no renuncia a aplicar este sistema, concebido para equilibrar las cuentas y frenar el déficit anual que provoca el mantenimiento de las carreteras. Mayor ahora por la decisión de liberalizar las autopistas de peaje, una vez que concluya la concesión administrativa.
Con este propósito se pretende alumbrar, ya en la próxima legislatura, un nuevo modelo de financiación, que en Europa se aplica de manera generalizada. Se ha apuntado a dos posibles fórmulas. El denominado sistema de viñeta, que supone realizar un pago anual, independientemente de las veces que se transite por la autovía. O el abono puntual en función de los kilómetros recorridos.
De hecho, se podría comenzar con la primera opción y evolucionar a la segunda, pero siempre bajo la premisa de que pague más quien más utilice la infraestructura y, por extensión, quien más contamina.
