El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado este jueves en el Senado que su departamento trabaja «intensamente» en la elaboración de toda una batería de disposiciones «llamadas a conformar una verdadera doctrina de la Fiscalía General del Estado en materia de lucha contra la corrupción», que prevé publicar en los próximos meses.
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara alta, convocada para que diera cuenta de la última Memoria anual de su departamento -datos que ya son conocidos desde el pasado mes de septiembre- García Ortiz ha aprovechado para anunciar sus objetivos para los próximos meses y ha citado la interpretación realizada recientemente para limitar el alcance de la reforma de la malversación. El criterio establecido pasa por definir como ánimo de lucro todos los casos en los que el responsable actúe con conciencia y voluntad de disponer de patrimonio, y fue incluido en un decreto el pasado 25 de diciembre, que serán desarrollados en la futura Circular sobre la materia que está en fase de elaboración.
«Desde la Fiscalía General del Estado se va a reforzar esta lucha, al tiempo que se ofrece toda la colaboración institucional para el impulso de las medidas necesarias para la simplificación y agilización del procedimiento penal, el favorecimiento de la colaboración, la protección de los testigos y los alertadores», ha añadido, para citar a continuación la importancia del fomento de los canales de denuncia ante incumplimientos internos o los mecanismos de control de la contratación pública.
Defensa del «solo sí es sí» En su primera intervención, a la que seguirán las preguntas de los diputados, el fiscal general se ha referido también a la polémica a la ley del «sólo sí es sí», que a su juicio ha supuesto «un cambio de paradigma al incluir el consentimiento afirmativo como eje y elemento esencial del delito, en línea con los postulados del Convenio de Estambul, al tiempo que incorpora medidas preventivas, de protección y de reparación».
Para García Ortiz, «una víctima asistida, protegida, amparada, empoderada y con recursos suficientes puede afrontar con mejores herramientas la dureza del proceso penal». Ello conlleva beneficios no solo para la propia víctima, según el criterio del fiscal general, sino también para el procedimiento, pues asegura «una prueba de cargo imprescindible para la persecución y castigo del delito, evitando espacios de impunidad», ha subrayado.
Tras afirmar que no puede ser ajeno al debate político, social y mediático sobre los aspectos punitivos de la ley el fiscal general afirma que la postura de los fiscales está bien definida y plasmada en el Decreto que dictó el pasado noviembre y que establece que no se revisarán las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia sea susceptible de ser impuesta con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma.
Escasa respuesta sobre abusos en la Iglesia En otro punto de su intervención se ha referido a los posibles abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, y en este punto ha informado a los diputados que por el momento ha habido contestación por parte de 29 de las 70 diócesis, con respuestas de modelo, la mayoría afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos, mientras que en otros supuestos se remitían a lo ya enviado a las fiscalías provinciales.
«A la vista de la escasísima información recibida, en los próximos días remitiremos los oficios oportunos a las entidades y congregaciones religiosas a las que aluden las contestaciones de la Conferencia Episcopal para recabar datos sobre abusos de los que la fiscalía todavía carece y sobre los que no ha sido informada», ha señalado al respecto.
