El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido dos recursos de amparo que interpusieron PSOE y Más Madrid contra dos autos de la magistrada titular del juzgado número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, –que fueron confirmados por la Audiencia Provincial de Madrid– en los que la jueza rechazaba que ambas formaciones políticas pudieran acusar al empresario Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de delitos contra la Hacienda pública.
Los dos recursos de amparo fueron inadmitidos en sendas providencias de 7 de abril, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los integrantes de la Sección Segunda de la Sala Primera del TC, por unanimidad, tomaron esta decisión «por no apreciar especial trascendencia constitucional» en los hechos relatados por estas formaciones políticas.
El juez cita como testigo al novio de Ayuso el 23 de mayo en la causa del fiscal general / José Luis Roca
Se da la circunstancia de que esta Sección del Constitucional está compuesta por los magistrados de sensibilidad conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías, y por el progresista Juan Carlos Campo, que fue ministro y secretario de Estado de Justicia en un Gobierno del PSOE.
Delito de falsedadSí están legitimados PSOE y Más Madrid para atribuir a González Amador un delito de falsedad en documento mercantil que la jueza Inmaculada Iglesias le imputa de forma indiciaria en la pieza principal de la causa.
Sin embargo, esta decisión no significa que el novio de Ayuso deje de estar investigado por los presuntos delitos fiscales, ya que esta concreta acusación la sostiene el fiscal de Madrid Diego Lucas, que según anunció el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será propuesto para que se incorpore a la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía y la Abogacía piden rechazar la demanda del novio de Ayuso contra Montero / José Luis Roca
El Ministerio Fiscal convenció a la magistrada de que tenía que abrir una pieza separada por la posible utilización, por parte de González Amador, de una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de la empresa Quirón, pero también por el presunto pago de comisiones. Esta decisión de la jueza Inmaculada Iglesias, que el pasado 7 de febrero de 2025 presentó su solicitud de jubilación, fue confirmada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid.
Corrupción y administración deslealEn esta pieza separada se investiga a González Amador por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, por los que sí le pueden acusar PSOE y Más Madrid.
Por otra parte, el pasado miércoles el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que instruye la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos, ha citado el 23 de mayo a González Amador para que declare como testigo en este procedimiento.
María Jesús MonteroY el pasado jueves, en una vista celebrada en la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) para determinar si la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atentó contra el derecho al honor de González Amador al llamarle «delincuente confeso», la abogada de la pareja de la presidenta madrileña, Guadalupe Sánchez, alegó la existencia de un «plan concertado» del Gobierno del PSOE para llamar «delincuente confeso» al empresario por ser pareja de «otro cargo público», en alusión a Díaz Ayuso.
En sentido contrario, la defensa de Montero, ejercida por la Abogacía del Estado, negó que se trate de un «ciudadano particular» y recordó que fue su «núcleo más cercano», en concreto, su abogado, quien admitió la comisión de dos delitos fiscales para tratar de llegar a un acuerdo con la fiscalía que le evitara ir a juicio.
